Nueva burocracia universitaria

Estatismo otra vez: el remedio peor que la enfermedad.                                                                                                                                          

En un acto de intolerancia y prepotencia, la mayoría oficialista, Perú Posible y Acción Popular-Frente Amplio aprobaron ayer una nueva ley universitaria que huele a naftalina velasquista. La novedad principal que nos trae la norma de Daniel Mora es que crea la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Suneau), que reemplazará a la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y a al Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (Conafu), que autoriza la creación de universidades. La nueva entidad dependerá del Ministerio de Educación, y se encargará de supervisar la calidad de la educación, fiscalizar el uso de los recursos de los claustros y de aprobar o denegar el funcionamiento de las universidades.

Sin temor a equivocarse, se puede afirmar que la creación de una entidad todopoderosa sobre los centros universitarios es quizá la gran transformación que logró pasar el estatismo en el gobierno de Humala. No hubo consenso para comprar la Pampilla y reestablecer el monopolio velasquista de la refinación de combustibles, pero, en el caso del sistema universitario, la ausencia de indicadores que nos señalen qué universidades son buenas y cuáles malas, permitió la proliferación de centros de estudios sin acreditación adecuada. Sobre esta deficiencia, se produjo el actual golpe estatista.

Ahora será el Estado el encargado de arreglar las fisuras del sistema universitario. Y si consideramos el discurso oficialista, incluidos Mora y el propio presidente Humala, en contra del “lucro” en educación, es evidente que se tratará de ahorcar a la inversión privada en estos tiempos de desaceleración económica. Claro que se dorará la píldora sosteniendo que el Suneau estará conformado por cinco personalidades seleccionadas mediante concurso público, pero, finalmente, dependerá del sector Educación.

En artículos anteriores en este portal señalamos que se necesitan reformas al sistema universitario, porque no existen indicadores para establecer qué universidades son buenas y cuáles son deficientes. En la búsqueda de este objetivo había dos caminos: empoderar al Estado o empoderar a los ciudadanos. Siempre nos pareció peligroso empoderar al Estado porque la historia de los fracasos y hundimientos de la educación en el país están directamente relacionados con el Estado. De allí que, al margen de una legítima opción ideológica, consideramos que debíamos apostar por empoderar a los ciudadanos, a los estudiantes y a las familias, con la información suficiente para que lograran conocer qué universidades les ofrecen una mejor educación a sus hijos.

En función de ese objetivo un grupo de universidades propuso crear un Observatorio de la Calidad Universitaria que, mediante un sistema transparente, informe a los consumidores qué universidad tienen profesores calificados, cuáles están acreditadas internacionalmente, qué cantidad de egresados logran empleos y otros indicadores. De esta manera, los estudiantes y sus familias tendrían todos los elementos necesarios para asumir la inversión de sus vidas: la educación. Sin embargo, el proyecto aprobado en el Congreso ha consagrado que el Estado tomará esa decisión en lugar de los ciudadanos. En la vieja disyuntiva universal e histórica entre el estado y el individuo el Perú ha optado por el Estado, tal como optaron y optan todos los autoritarismos.

Para que un observatorio de la calidad educativa funcione y puedan existir las más diversas opciones era evidente que hay que promover la inversión privada en educación, tal como venía sucediendo hasta ahora. Hoy, por ejemplo, sabemos que los alumnos de medicina de las universidades privadas han superado a los de las estatales en las pruebas de suficiencia del Colegio Médico. Es decir, han surgido áreas inobjetables de excelencia. También sabemos que la amplia oferta educativa ha permitido rebajar las pensiones de tal manera que son considerablemente menores que las que se pagan en los llamados colegios privados tops. ¿Cómo va a continuar la inversión privada en educación si el oficialismo enfila contra el “lucro” en educación?

Justo en el momento en que el gobierno lanza un paquete reactivador que busca ajustarle las clavijas al burócrata y simplificar trámites y procedimientos que ahogan a la inversión privada, el Congreso aprueba una ley que le erige un monumento a la burocracia y que fomentará una larga guerra contra la inversión privada en las universidades. Es el signo triste de estos tiempos. Ahora los reformadores de la universidad no son los maestros e intelectuales que queman las pestañas leyendo o escribiendo, sino una mayoría efímera de congresistas encabezadas por un general.