La Sunedu, la sobrerregulación y “los conflictos de interés”

Presidenta de Concytec envuelta en una denuncia

En este portal hemos sostenido que la administración PPK está apostando al simple efectismo con el incremento de las penas para la corrupción. Si bien esas medidas preservan puntos en la aprobación ciudadana, no tendrán ninguna efectividad si el Gobierno no entiende que la causa endémica de la corrupción es que en los últimos cinco años el Perú se ha constituido —no obstante los innumerables TLC firmados— en uno de los estados más sobrerregulados de la región. Es en ese entorno institucional en que ha surgido una burocracia enemiga de los cambios y reformas, y propensa a la corrupción.

En este portal también hemos criticado “la reforma universitaria” que impulsa el Ministerio de Educación (Minedu), porque considera que el Estado será el gran salvador de la educación, intenta excluir al sector privado de la gestión educativa y ha convertido los trámites de los claustros privados ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) en verdaderos procedimientos soviéticos, que aumentan la discrecionalidad de los burócratas a niveles inimaginados. Tarde o temprano semejantes sobrerregulaciones producirán los deficientes resultados que contemplamos en la administración pública.

Al respecto es interesante reseñar la denuncia que se acaba de presentar en contra de una integrante del directorio de la Sunedu. Se trata de la presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), Gisella Orjeda Fernández, quien ha sido denunciada por un presunto conflicto de interés después de que la institución que preside subvencionara proyectos de investigación a cargo del biólogo Carlos Merino Méndez por alrededor de medio millón de soles.

Sucede que Orjeda y Merino eran socios en Genoma Technology & Chemical Analysis (GTCA), según los Registros Públicos. En el 2012 Orjeda fue designada presidente de Concytec, organismo adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. A los tres meses de esa designación, Merino ganó una primera subvención. Semanas más tarde, el mencionado investigador volvió a ganar otro financiamiento. De allí las razones de la denuncia del supuesto conflicto de interés en una comisión del Legislativo.

Si bien la señora Orjeda seguramente presentará los descargos respectivos, es interesante reflexionar —a partir del incidente— sobre las causas de la sobrerregulación y el empoderamiento de la burocracia como el gran árbitro de lo académico, lo científico y lo cultural, de acuerdo a los criterios de la llamada “reforma Saavedra” de la universidad. Y es que en la Sunedu existe más que sobrerregulación, con el objeto de desalentar la participación del sector privado en la gestión educativa.

Por ejemplo, en un pasado editorial señalamos que “la Sunedu está exigiendo a las universidades asociativas y privadas que tienen entre sesenta y veinte años de existencia un nuevo licenciamiento. El efecto inmediato es que todo este engorroso proceso ha paralizado los procesos de acreditación que impulsan estos claustros. No puede haber acreditación si no hay licenciamiento, no obstante que se han invertido varios años y dinero en estos procesos. Al respecto, Estados Unidos representa un buen ejemplo alternativo, pues tiene uno de los mejores sistemas universitarios del mundo. Allí se obtiene la licencia y la acreditación a la vez. En el Perú son dos procesos distintos, largos y complicados”.

En el mismo editorial también decíamos lo siguiente: “En el Perú se pretende entregar una licencia universitaria solo por seis años. Podría darse el caso de que un claustro, luego de haber conseguido su licenciamiento, logre acreditarse con las mejores acreditadoras del planeta; pero obligatoriamente tendría que arrodillarse ante el burócrata de la Sunedu seis años después de vencida la licencia. En el Ministerio de Educación no se dan cuenta de que se está entregando demasiado poder al burócrata de turno para violentar, a su regalado gusto, la autonomía universitaria. ¿No sería una perita en dulce para un gobierno autoritario?”

En el señalado editorial también sosteníamos que “otra de las barbaridades inaceptables de la Sunedu —como ya lo hemos informado en este portal— tiene que ver con el reconocimiento de los grados y títulos. Por ejemplo, una maestría de Harvard o de Cornell pueden valer menos que una otorgada por la Universidad Garcilaso o la César Vallejo, porque los requisitos establecidos por los burócratas de la Sunedu así lo establecen. A ese extremo están llegando las sobrerregulaciones. Y si hay un decano de Harvard, pues, hay que sacarlo del cargo hasta que desarrolle toda la tramitología del reconocimiento de su grado, que lo llevan de consulado en consulado. ¿Qué economista, abogado o científico calificados en el mercado gustarían de permanecer de trámite en trámite?”.

Queda claro entonces que si no se elimina la maraña burocrática que ha creado la Sunedu, las irregularidades y denuncias se multiplicarán de aquí para allá.