Urgente: ¡desactivar conflicto con minería artesanal!

A entender de este portal, el principal reto del Gabinete Aráoz con respecto a las marchas callejeras que intentan imponer el lenguaje de las turbas en la democracia peruana no tiene que ver con las protestas en contra del indulto presidencial a Alberto Fujimori, sino con la irritación que se acumula por los retrasos en la reconstrucción del norte, y la indiferencia del Estado frente a los problemas acumulados en el sur y el oriente del país. En ese camino, la solución de emergencia a las demandas de los productores de papa demuestra que todavía hay reflejos en el Gobierno. Como parte de esa actitud, el Ejecutivo debería tomar el rábano por las hojas en el conflicto que se fermenta en la minería artesanal del país.

Para entender el problema vale señalar que en el Perú hay más de 400,000 mineros artesanales y que más de un millón de personas dependen de esta actividad. Sin embargo las políticas de formalización solo han incorporado a 70,000 productores, mediante una declaración de compromiso para formalizarse; y de ese total solo 30,000 han ingresado a la etapa de saneamiento legal. Sin embargo solo 112 unidades productivas han logrado completar su formalización. Más allá de cualquier razonamiento, es más que evidente que las políticas formalizadoras en el Perú no funcionan o han fracasado en todas las líneas.

Ante la exclusión del Estado a este vasto sector social de empresarios —no obstante su clara vocación procapitalista y promercado—, un gran sector de mineros artesanales puede caer bajo la prédica de las propuestas antisistema que buscan enfrentar a los pequeños mineros con la gran minería y el capitalismo en general. Al respecto la Central Nacional de Mineros (Cenami) acaba de anunciar su participación en la llamada “Marcha del Gran Tahuantinsuyo”, desde las provincias a la capital e impulsada por el radicalismo, el próximo 17 de enero. Para el VII Congreso de la Minería Artesanal que se desarrollará el 1 y 2 de febrero en el Cusco —con la participación de productores de Cusco, Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, la Libertad, Piura y Puno— también se anuncian medidas de lucha nacional.

Pero no solo se trata del fracaso de las políticas de formalización del Estado, sino de un permanente acoso a las actividades del minero artesanal. Por ejemplo, durante el gobierno del presidente Kuczynski se aprobó una legislación que considera a “los delitos de minería ilegal” como parte de los delitos de crimen organizado. Considerando que en el Decreto Legislativo N° 1105 se considera mineros ilegales a prácticamente todos los productores artesanales, es evidente la intención de excluir y criminalizar a los pequeños mineros.

Si a esta legislación antiformalizadora le sumamos la intervención del Organismo de Evualación y Fiscalización (OEFA), que pretende sancionar a las pequeñas unidades productivas mineras como si fuesen grandes y que impone sanciones y multas sobre cualquier política formalizadora, entonces se empieza a comprender porqué los mineros artesanales planean medidas de lucha. Ni qué decir de la conducta de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), entidad a la que solo le interesa recaudar, sancionar y multar, antes que cualquier consideración de inclusión legal de la minería informal.

La conflictividad social aparece, pues, como uno de los peores enemigos del Gabinete Aráoz. La necesidad de que el Ejecutivo asuma una decisión proactiva en estos problemas puede determinar el curso de la gobernabilidad. En el caso de los mineros artesanales todo depende de la buena voluntad, del diálogo y de una visión integral de la economía de mercado que aleje del Estado cualquier forma de exclusión. En todo caso, se debe evitar el terrible error de empujar a los mineros artesanales, un poderoso sector social proempresarial, a las influencias de las propuestas antisistema.