¿Un Gabinete sin reforma laboral?

Una papa caliente para la administración PPK

Una de las interrogantes planteadas con los 112 decretos legislativos promulgados por el Ejecutivo es el porqué la administración PPK no se ha decidido a abordar la imprescindible reforma laboral que necesita el Perú. Y la respuesta parece ser sencilla: la necesidad de conseguir suficiente respaldo político para emprender esa audacia. El Gabinete Zavala ha lanzado la más impresionante reforma desreguladora del Estado desde las reformas económicas y sociales de los noventa, sin embargo no se atreve a desregular las murallas laborales contra la formalización del empleo.

La legislación laboral del Perú está entre las catorce más rígidas del planeta —según el Foro Económico Mundial— y, entre las vacaciones, gratificaciones y la Compensación por Tiempo de Servicios, representa un sobrecosto del 60% sobre el sueldo del trabajador.

Los costos de contratar y despedir trabajadores (según fallos del Tribunal Constitucional) resultan inalcanzables para las pequeñas empresas, situación que explica que más del 70% de los trabajadores sean informales y carezcan de beneficios y derechos sociales. De otro lado, según diversos estudios, del 60% de informalidad total de la economía, alrededor de un 20% se explica por la rigidez laboral. Algo más, en nuestro país casi no existan medianas empresas, a diferencia de las economías desarrolladas donde las empresas de mediano tamaño son las preponderantes. Una de las causas: la rigidez laboral.

¿Por qué entonces no se emprende una reforma laboral? Lo que sucede es que falta el respaldo político. La rígida legislación laboral solo protege a un 30% de los trabajadores, pero estas minorías son muy activas en la media y suelen tener presencia en las protestas callejeras. Semejante situación neutraliza a los partidos políticos, los congresistas y a diversos sectores mediáticos. Y, de pronto, un privilegio mercantil de una minoría de trabajadores muy activos se impone sobre las necesidades de la mayoría.

El Ejecutivo ha anunciado la conformación de una comisión que entregará recomendaciones de reforma en los próximos seis meses; es decir, la administración PPK podría anunciar una reforma laboral para el próximo 28 de julio. Sin embargo, para alcanzar ese objetivo se necesita que el pepekausismo y el fujimorismo avancen a un entendimiento sobre la necesidad de impulsar esta reforma.

Una de las reformas de segunda generación que el Perú necesita para alejarse de la temida trampa de ingresos medios en la que suelen caer las sociedades de ingresos medios es, incuestionablemente, la reforma laboral. Hoy, en el sector público, existen quince regímenes laborales, mientras que en el sector privado hay 24 regímenes laborales especiales. Es decir, hasta la legislación laboral comienza a convertirse en una floresta difícil de penetrar. Una nueva ley general del trabajo o quizá un código laboral se vuelven de extrema urgencia para unificar las legislaciones laborales sobre la base de criterios simplificados y flexibles.

Las experiencias del planeta nos señalan que con una mayor flexibilidad laboral baja el desempleo y el aumento de la productividad incrementa los salarios. Los países con mayor flexibilidad laboral son Hong Kong, Singapur y Nueva Zelanda, y tienen una tasa de desempleo de 3% de la PEA. Estados Unidos, otro país con gran flexibilidad laboral, tiene un 5% de desempleo en la PEA. Y si contemplamos a los países europeos, con alta rigidez laboral, entenderemos el alarmante paro que existe.

La administración PPK acaba de lanzar una de las reformas desreguladoras del Estado más audaces y ambiciosas. Es hora entonces de impulsar la reforma laboral, si se pretende que la gestión PPK aparezca vinculada a las reformas de segunda generación.