Tramitología: enemiga de las inversiones

Un reporte del Ministerio de Energía y Minas (MEM) indica que entre los meses de enero y abril del presente año las inversiones mineras alcanzaron los US$ 363 millones, monto que representa un incremento del 36.3% respecto al mismo periodo del año 2017. Inversiones que, a su vez, han elevado el PBI de la minería metálica en 5.5% y generado 193,000 nuevos puestos de trabajo directos y formales.

La minería, con una cartera de proyectos pendientes por más de US$ 58,000 millones, representa el 62.4% del valor total de las exportaciones peruanas. Si se duplicara la producción de cobre en los 10 años siguientes, el Estado recibiría US$ 2,000 millones útiles para comenzar a reducir todas las brechas existentes en el país. No obstante que los indicadores son alentadores, queda mucho por hacer en cuanto a la tramitología, convertida en el enemigo de las inversiones.

Pablo de la Flor, gerente general de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE), sostiene que en el sector hay una pesada carga regulatoria y trámites engorrosos que deben ser revisados. Todavía existe un paquete de cien normas que inhibe la implementación de nuevos proyectos mineros. Según el Banco Central de Reserva (BCR), en los últimos cuatro años las normas que afectan a la minería se han incrementado cuatro veces más, de 60 normas a más de 240 que frenan la inversión privada. Lejos quedó el 2002, cuando solo se necesitaban nueve permisos. Y de acuerdo a la ex ministra del sector minero, Cayetana Aljovín, solo el 10% de la normatividad corresponde al MEM. Los otros trámites corresponden a otros ministerios y gobiernos locales y regionales. Por esa razón el problema se debe resolver de manera integral.

Por su lado, Roque Benavides, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Privadas (Confiep) sostiene que las tinterilladas también retrasan el desarrollo de los proyectos. Tal es el caso del la represa de Paltiture (distrito de Tolapalca, en disputa entre Puno y Moquegua) que está judicializada, lo que impide la continuación del proyecto, que prevé la acumulación de agua para uso de los agricultores y ganaderos del valle de Tambo (Arequipa), y un porcentaje menor de agua para el proyecto cuprífero Tía María.

Los expositores del reciente 13° Simposio del Oro y de la Plata, realizado en Lima, coincidieron en la urgente necesidad de renovar los procedimientos para obtener permisos y licencias de las instituciones del Estado. También de hacer una revisión integral de todas las normas para evitar la duplicidad de procedimientos en las instituciones, así como eliminar aquellas que, por su naturaleza, no tienen la relevancia del caso.

La tramitología fue el tema recurrente del Simposio. Es la gran reforma pendiente que es mirada de reojo por el Ejecutivo y Legislativo. Las empresas se agotan por el poco interés de la burocracia estatal en agilizar los trámites, y hasta la displicencia que caracteriza a ciertos funcionarios públicos. Revisar los trámites no significa relajar los controles ni los estándares, sino hacerlos más sencillos y más prácticos. No es posible que para obtener una licencia de construcción de mina el Estado se demore más de ¡cuatro años! Por ejemplo, en el caso del proyecto Tía María, en 2014, en una audiencia pública, la población aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), pero hasta ahora no obtiene la licencia de construcción de la mina. ¡Hace cuatro años!

El Estado no puede disputarse con los antimineros quién bloquea más las inversiones mineras. Los trámites y procedimientos exagerados tienen mucho que ver con las ideologías de izquierda, que apuntan a controlarlo todo mediante un aparato estatal que lo vigila todo. Con ello se tugurizan las oficinas públicas y se hace que los funcionarios organicen círculos de corrupción que impiden el fluir de las inversiones, inventando normas para someter y excluir. Desarrollando la ventanilla única y un Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) actualizado, la competitividad nacional hará posible la ejecución de los proyectos lo más pronto.

La SNMPE presentará al MEM un estudio para regular las normas que afectan al sector minero. Se espera que el Ejecutivo pueda tomarlo como una de las reformas que ayuden a combatir mejor a la pobreza y el desempleo en las zonas mineras del país.