Tía María antes de las elecciones

Responsables de las violentas protestas deben asumir su responsabilidad

Algunos líderes y autoridades locales antimineras del Valle del Tambo anunciaron que el conflicto contra el proyecto Tía María, que representa una inversión de 1,400 millones de dólares, podría reanudarse en las próximas semanas. El motivo de semejante amenaza es que el juez que investigaba a los responsables de las violentas protestas contra el proyecto minero ha ordenado la captura de los principales líderes: José Luis Chiapa Díaz, Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos, Milton Abramonte Cienfuegos, Huber Efraín Puma Puma y Rubén Quispe Ccolla. 

Gino Valdivia Soterrino, juez de investigación preparatoria de la provincia penal de Mariano Melgar en Arequipa, revocó la sentencia que impuso a los mencionados líderes antimineros, que correspondía a cuatro años de prisión suspendida y al pago de una reparación civil de 20,000 soles. En agosto de 2014, Valvidia encontró culpables del delito de entorpecimiento de los servicios públicos, y de la obstrucción de las vías y de los principales ingresos a la provincia de Islay durante los días de las violentas protestas contra el proyecto minero, del 14 al 19 de abril de 2011. No obstante, los referidos líderes antimineros no cumplieron con la sentencia ni el pago de la reparación civil. Ante la revocatoria del fallo judicial, los líderes antimineros han decidido pasar a la clandestinidad y no ponerse a derecho.

El alcalde de la provincia de Islay, Richard Ale, señaló que ante tamaña decisión de la justicia el conflicto podría reiniciarse. Jaime de la Cruz, ex alcalde del distrito de Dean Valdivia y uno de los líderes que ahora están en la clandestinidad, indicó que el Gobierno nacional busca imponer un procedente en contra de las legítimas protestas. En esa misma situación están otros líderes antimineros protagonistas de las violentas protestas de abril del 2015, como Marilú Marroquín —presidenta de la Junta de Usuarios de Mejía Islay— y Jesús Cornejo —representante de la Junta de Usuarios Tambo—, quienes han calificado al fallo judicial, como una “persecución política” por parte del gobierno y en contra de los dirigentes sociales. De otro lado, los dirigentes del Frente de Defensa de los Intereses de Islay han convocado a una reunión en los próximos días, para tomar una decisión con respecto a la revocatoria del fallo judicial.

¿Podría reiniciarse las protestas contra Tía María debido a este fallo judicial? Todo indica que sí porque —como sabemos— cualquier argumento es válido para reiniciar las protestas contra este proyecto minero. Hace unas semanas, por ejemplo, el radicalismo antiminero organizó un paro general de 72 horas en la provincia de Islay —11,12 y 13 de mayo— debido a una supuestas opiniones del presidente de Southern Perú, Oscar González Rocha.  El mencionado funcionario señaló que la compañía concesionaria de Tía María iba a insistir en ejecutar el proyecto cuprífero. Pero las declaraciones de González Rocha fueron sacadas de su contexto por el radicalismo antiminero, ya que solo iban en el sentido de que Southern seguirá implementando todas las medidas necesarias para viabilizar Tía María, como conseguir la licencia de construcción que debe otorgar el Gobierno central.

Es indudable que los cabecillas antimineros, ahora prófugos de la justicia, deben someterse a la ley. No debemos permitir que los culpables de las violentas jornadas de protestas de abril del 2015 —que tuvieron saldos lamentables— sigan libres o no paguen sus responsabilidades, burlándose de la ley.