Sin cambios en legislación contra pequeña minería

 

Como parte de la delegación de facultades legislativas otorgadas por el Congreso, el gobierno de Martín Vizcarra acaba de promulgar el Decreto Legislativo N° 1451 que presenta la estrategia del Ejecutivo con respecto a la formalización de la minería artesanal. Y todo parece indicar que no hay grandes novedades. El actual Gobierno continuará con la legislación que busca excluir a los mineros artesanales de la legalidad, promulgada por la administración Humala y continuada durante el Gobierno de Kuczynski.

Sin embargo, no se debe desconocer un avance. Antes se consideraba minería ilegal a la que incumplía con normas de carácter administrativo, técnico, medioambiental y social. Es decir, casi todos los mineros informales eran considerados ilegales. El D.L. N° 1451 deroga esa definición, limitándola a los casos establecidos en la normatividad. Considerando que el D.L. N° 1351 establece que la minería ilegal debe considerarse como parte de los delitos de crimen organizado, es indudable que hay un cambio positivo.

Pero no hay más. El mencionado DL solo precisa el papel de la policía en el control y fiscalización de las actividades de distribución, transporte y comercialización de maquinarias dedicadas a la minería ilegal. Igualmente precisa las funciones policiales en las labores de interdicción de la minería ilegal y sus relaciones con otras instituciones del Estado, permitiéndoles acciones de inteligencia policial —como escuchas telefónicas— que entendemos deben ser autorizadas por un juez.

En términos generales, pues, la administración Vizcarra ha decidido continuar las políticas sobre formalización minera seguidas por el nacionalismo y el pepekausismo. Al respecto vale recordar que el D.L. N° 1336, promulgado por Kuczynski, establece que un minero artesanal que pretende formalizarse debe presentar las declaraciones juradas anuales consolidadas de los últimos cinco años, los contratos de explotación, el cálculo de reservas probadas, facturas y el RUC correspondiente. Es decir, los mismos requisitos que se exigen a la mediana y gran minería. Es evidente que ningún minero informal podrá presentar semejantes documentos. En otras palabras, una norma creada para excluir.

Si esa matriz de la política formalizadora no se elimina, las cosas seguirán igual. Vale anotar que de cerca 400,000 mineros artesanales en el país, solo 70,000 firmaron una declaración de compromiso para formalizarse, apenas 30,000 pasaron la etapa de saneamiento legal y únicamente 113 se formalizaron. Es decir, un fracaso total.

Pero eso no es todo. Existen iniciativas y propuestas que, en la práctica, pretenden desaparecer a la minería artesanal. Por ejemplo, un pequeño productor minero (PPM), según la normatividad, puede procesar hasta 350 toneladas métricas (TM) de mineral por día. Sin embargo, se plantea que solo procese 100 TM. El productor minero artesanal (PMA) puede procesar 25 TM por día; no obstante, se plantea que solo procese 10 TM. 

Para entender la magnitud de las cosas vale informar que toda la pequeña minería —metálica y no metálica— apenas representa el 0.31% de todo el mineral procesado en el país (el resto está a cargo de la mediana y gran minería). Es decir, las cerca de 100 plantas formales e informales que procesan el mineral que producen los mineros artesanales solo trabajan esa pequeña cantidad. ¿Por qué entonces se propone reducir el volumen de mineral que debe procesar un pequeño minero? Mientras la legislación sigue apuntando a desaparecer a la pequeña minería, el BCR informa que la producción informal de oro comienza a superar a la formal. La informalidad, y de paso la ilegalidad, se dispara sin control.

Todo parece indicar que la clase política, el Ejecutivo y el Legislativo, han abandonado cualquier estrategia para formalizar a los más de 400,000 mineros artesanales. Fuerza Popular, por ejemplo, en la pasada campaña electoral prometió derogar la legislación excluyente del nacionalismo. Pero no se oye, padre. En este contexto las propuestas antisistema buscan representar y manipular los intereses de un vasto y poderoso sector social que, no obstante, representa un movimiento de pequeños productores promercado y proempresa.