Siguen preguntas sobre sector construcción

Luego del fin de esa guerra política expresada en los cruentos enfrentamientos entre Ejecutivo y Legislativo, y de la judicialización de la política, el Perú parece recuperar la cordura y la economía comienza a reactivarse: mayor crecimiento, aumento de la recaudación y optimismo creciente de los consumidores. En este contexto, el Ejecutivo ha promulgado el Reglamento de la Ley 30737, que busca la continuidad de las inversiones de las empresas comprometidas en las investigaciones sobre la corrupción brasileña y garantizar el pago de la reparación civil al Estado.

Si bien el Reglamento de la Ley 30737 avanza en algunos aspectos, es evidente que las interrogantes continúan sobre el futuro de la construcción en el Perú. Y es que la ejecución de las normas establecidas depende de la reacción de los bancos y de la conducta del Estado a través de los procuradores del Ministerio de Justicia, que se han caracterizado por ningunear la importancia de la inversión y exigir reparaciones sin viabilidad.

Algo positivo que merece señalarse del mencionado reglamento es que establece que la reparación civil por daño no patrimonial (es decir, por el daño moral que causa la corrupción al Estado) no debe exceder al daño patrimonial. De alguna manera se resta discrecionalidad a los procuradores que pedían sumas que bloqueaban la continuidad de inversiones y el pago de la reparación.

Sin embargo, la mencionada reglamentación sigue causando interrogantes, sobre todo en los aspectos que se necesita resolver para relanzar la construcción en el Perú. Por ejemplo, en el caso de venderse de la represa de Chaglla por un monto de US$ 1,400 millones, el Estado demandaría US$ 700 millones. Una suma que, según los especialistas, convierte la eventual venta de Chaglla en imposible. En otras palabras, todo sigue paralizado.

Igualmente la ley y el respectivo reglamento establecen que en las obras pública en las que participen las empresas del supuesto “club de la construcción” se retendrá el 10% de los desembolsos. Otro imposible porque la utilidad de las empresas que participan en la obra pública generalmente oscila entre 7% y 10%. Nadie trabaja gratis. ¿O sí?

Pero lo más grave de todo es que la normatividad señalada asume como cierta la ligereza del Ministerio Público sobre la existencia de un supuesto “club de la construcción”, basándose en el testimonio de un funcionario de Odebrecht, acogido a la colaboración eficaz, quien presentó una lista de 30 empresas que desarrollan obra pública en el Perú. Algo más y muy importante: únicamente hay tres personas investigadas por el supuesto club. Las demás compañías no tienen nada que ver. ¿Qué sucede? En este contexto, el concepto “club de la construcción” desalentará a cualquier funcionario público a contratar con las mencionadas empresas.

Las preguntas, pues, continúan pese a la nueva ley y el correspondiente reglamento. Si bien el empleo ha comenzado a subir en la construcción, falta ver cómo seguirán actuando los procuradores, que suelen plantear sumas imposibles y que terminan paralizando las inversiones. Si las cosas no cambian, no se materializará la reparación civil ni continuarán las inversiones. Igualmente es necesario observar la reacción de los bancos que se mostraban reticentes a otorgar cartas fianzas a las compañías que integraban el supuesto club de la construcción.

Vale recordar que la demora en el relanzamiento del sector construcción pone en peligro alrededor de S/ 30,000 millones de inversión pública (cerca del 4% del PBI) y compromete más del 35% del patrimonio de los bancos. Si a estos hechos le sumamos que se perderían miles de empleos y puntos y fracciones valiosos para el PBI, entonces la cosa queda clara: el relanzamiento del sector construcción no es un problema de un puñado de empresarios, sino de todo el país. ¿Qué esperamos?