Sigue el entrampamiento en la formalización minera

Sunat se opone a que plantas liquiden ventas de mineros artesanales

Uno de los compromisos de la administración pepekausa con las organizaciones de los mineros artesanales fue que se restableciera el sistema de liquidación de compra a través de las plantas de beneficio formales —que compran la producción de los mineros artesanales— con el objetivo de avanzar en la formalización.

Mediante el sistema de liquidación de compra el minero artesanal vendía su producción a las plantas de beneficio formales, y estas descontaban de la boleta de venta el 4% correspondiente al impuesto a la renta y el 18% al impuesto general de las ventas. El modelo permitía que los mineros artesanales pusieran un pie en la formalidad mientras no se alcanzara la plena legalización de sus actividades. Y, por otro lado, el Estado podía utilizar a las plantas como sus aliados para registrar y formalizar a la mayor cantidad de mineros artesanales. Y, también por supuesto, para aumentar la recaudación tributaria.

Sin embargo el pasado gobierno nacionalista estableció que el sistema de liquidación de compra duraría hasta el 9 de octubre del 2015, exigiendo que todos los mineros artesanales consigan su respectivo RUC. No obstante que se bajó la tributación para los mineros artesanales, el resultado fue un fracaso de cabo a rabo.

Entre los principales motivos por los que los mineros informales se negaron al nuevo sistema de tributación que demandaba la Sunat estaban la exigencia de llevar libros contables, de contratar a un contador, de disponer de una cuenta corriente y otros requisitos necesarios para conseguir el respectivo RUC. El resultado de la medida ha alejado significativamente de la formalidad a los productores artesanales que antes tributaban. Por ejemplo, se calcula que con el sistema de liquidación de compra alrededor de 30,000 mineros informales pagaban impuestos, en tanto que con el sistema directo solo existen cerca de 2,000 contribuyentes de la pequeña minería.

En este contexto, incluso ha surgido un mercado negro de empresas que se dedican a facturar por los informales, cobrando comisiones de 8% sobre la venta total. Cualquiera sea el ángulo de análisis, la medida que planteó la Sunat ha representado un duro golpe para los avances de formalización. Y la explicación es simple: la Sunat busca recaudar, incrementar la recaudación tributaria de todas las maneras posibles y sancionar drásticamente la evasión. En cambio una buena política de formalización minera siempre buscará mirar las cosas de abajo hacia arriba para organizar la ley y los reglamentos en función de la realidad de los productores informales; con el claro objeto de conseguir la formalización y luego, como consecuencia de esa estrategia, incrementar la recaudación del fisco.

El gran problema de la administración pepekausista es que luego de una primera voluntad de superar todos los yerros del gobierno de Humala en cuanto a formalización minera, poco a poco ha comenzado a repetir todos los errores del gobierno anterior; como si pretendiera empujar a los más de 400,000 productores artesanales bajo la influencia de las propuestas antisistema de la izquierda radical, no obstante que los mineros informales representan una fuerza procapitalista y promercado. Una verdadera locura.

Quizá la mayor expresión de los retrocesos del gobierno pepekausa la constituye la reciente publicación de un reglamento que establece disposiciones complementarias para simplificar el registro de los mineros artesanales. Se señala que los mineros informales que no se inscribieron en el proceso de formalización solo podrán hacerlo si presentan balances auditados de los últimos cinco años de actividad, facturas, liquidaciones de compras, declaración anual consolidada, entre otros requisitos. En otras palabras, se establece el absurdo que para que un minero informal se registre ahora tiene que tener todas las condiciones de un formal.

Es complicado entender el porqué de las marchas y contramarchas en la formalización minera en el gobierno pepekausa. Sobre todo considerando que países como Australia y Chile, ejemplos y modelos de minería, logran armonizar los intereses de las grandes empresas y los pequeños productores mineros.