¡Se agrava conflicto entre Gobierno y mineros informales!

Se realizó V Congreso de productores artesanales en Juliaca

El pasado 21 de julio de 2017 se desarrolló el V Congreso Nacional de Mineros Artesanales y Pequeños Productores del Perú en la ciudad de Juliaca, no obstante que la capital de Puno había sido declarada en emergencia por el gobierno. El solo hecho de que el evento de los mineros artesanales se haya desarrollado en estas condiciones es una prueba evidente del distanciamiento entre la administración pepekausa y el proceso de formalización minera.

En este portal no entendemos por qué se ha producido este virtual enfrentamiento entre el Ejecutivo y una fuerza social de mineros artesanales, que suman más de 400,000 productores proempresa y procapitalista. No se entiende. A menos que en el gobierno se considere que el capitalismo y el mercado solo funcionan con las grandes inversiones.

En el mencionado evento se reunieron más de mil delegados que representan a las regiones de Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Puno, La Libertad, Apurímac y Huánuco, así como el Comité de Formalización Minera de Rinconada y Lunar de Oro y la Asociaciones de Mineros Artesanales de Sandia-Carabaya, entre otros. El principal resultado de este cónclave fue la convergencia de todas las asociaciones de mineros artesanales alrededor de la defensa de su actividad productiva. Por ejemplo se acordó desarrollar una respuesta común frente a la interdicción y que todos los gremios de mineros informales acudan juntos a las reuniones con el Ejecutivo y el Congreso- Además se rechazó la participación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en el proceso de formalización, porque se superpone a la autoridad de los gobiernos regionales —encargados de la pequeña minería— y porque prioriza las sanciones, antes que el fomento de una política nacional de formalización.

En síntesis, el gobierno pepekausa —con sus políticas que bloquean la formalización de los mineros artesanales— ha impulsado a estos sectores a refugiarse en sus organizaciones gremiales y a adoptar una política reactiva, de virtual protesta social en defensa de sus posibilidades de trabajo.

Como se sabe el actual Ejecutivo ha promulgado un decreto legislativo que considera a la minería ilegal como parte de los delitos de crimen organizado. ¿Cuál es el problema? Como todos sabemos, la minería informal se diferencia de la ilegal porque la última se desarrolla en parques nacionales y zonas prohibidas. Sin embargo durante el gobierno nacionalista pasado se estableció que si un minero informal viola los procedimientos administrativos e ignora los requisitos técnicos y los estándares ambientales, es considerado ilegal. En otras palabras todos los productores informales pueden ser considerados ilegales y podrían caer en el tipo penal de crimen organizado. ¿Cómo, pues, los productores artesanales no van tender a organizarse y a desarrollar protestas?

Pero eso no es todo. Actualmente solo alrededor de 70,000 mineros artesanales —de más de 400,000— están dentro del proceso de formalización por haber firmado una declaración de compromiso. Sin embargo, hasta hoy solo menos de 400 han logrado formalizarse. En la sinrazón total, el Ejecutivo ha establecido, por ejemplo, que para ingresar al proceso de formalización los productores artesanales ahora deben acreditar cinco años en la actividad mediante boletas y facturas. Es decir, en la práctica, se les pide que sean formales.

Semejantes yerros explican que se agrave el distanciamiento entre el gobierno y los mineros informales y no se descarte un conflicto social que podría terminar afectando a diversas regiones del país.

Sinceramente nadie lo entiende. ¿Cómo es posible que una fuerza proempresarial como la minería artesanal sea arrojada bajo la influencia de las propuestas antisistema? ¿Cómo se puede renunciar a una formalización que posibilitaría la preservación del medio ambiente y el aumento de la recaudación fiscal del Estado? El Ejecutivo sigue enredándose en sus propios yerros, y no sería extraño que a los actuales conflictos sociales se sume la reacción nacional de los mineros informales. Gravísimo error.