¡SBN sigue con reclamos absurdos contra propietarios!

En base a supuestas “propiedades” de Petroperú y expropiaciones velasquistas

Cuando la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) —con la anuencia del sector Vivienda y Construcción— prosigue con los reclamos judiciales de “propiedad” contra centenas de posesionarios y propietarios —con más de veinte años de posesión— en las playas de Tumbes y Piura, vale preguntarse cuáles son las razones jurídicas que se esgrimen para semejantes demandas. Sobre todo considerando que la Carta Política de 1993 y el libro V del Código Civil establecen, sin lugar a dudas, que la posesión es fuente de la propiedad y que luego de diez años de posesión el posesionario puede solicitar la prescripción adquisitiva: derecho pleno de propiedad.

¿Cómo se puede explicar entonces que los posesionarios y propietarios y los pobladores de humildes caletas norteñas (algunos con más de cincuenta años de posesión) de los distritos de Talara, Lobitos, El Alto, Máncora, Punta Sal, Cancas y Zorritos enfrenten una avalancha judicial que amenaza con despojarlos de sus propiedades? La historia que vamos a relatar muy sucintamente es la historia de cómo la burocracia estatal puede convertir en polvo la Carta Política y el Código Civil, y zurrarse en instituciones que se han organizado durante décadas.

A inicios del nuevo milenio, durante el gobierno de Alejandro Toledo, se promulgó el Decreto Supremo N. 154-2001-EF, en el que la Superintendencia de Bienes Nacionales asumía las atribuciones “para la ejecución de los actos de adquisición, disposición, administración y control de los bienes de propiedad estatal cuya administración está a su cargo”. En otras palabras, la SBN era la entidad que representaba a los últimos restos del “Estado propietario” que había abolido la Constitución de 1993.

Sobre la base de esta normatividad la burocracia estatal encontró diferentes caminos para organizar “un Estado propietario” incompatible con la actual Carta Política. Por ejemplo, Petróleos del Perú (Petroperú) “canceló la inscripción de 136 fichas registrales y/o partidas registrales correspondientes a inmuebles cuyos derechos corren inscritos a nombre de Petroperú…”

Aunque parezca mentira las mencionadas fichas registrales correspondían a la ex Hacienda La Brea y Pariñas y la ex Hacienda Lobitos. A inicios del milenio Petroperú todavía se consideraba heredero de las expropiaciones velasquistas. En base al Decreto Supremo 154 -2001-EF, la cancelación de las fichas registrales, en el acto, revirtió todas esas “propiedades” a la SBN. En un acto de magia, pueblos enteros pasaban a la propiedad del mencionado ente estatal.

La mencionada “transferencia de propiedad” a la SBN no solo era inconstitucional e ignoraba el libro V del Código Civil, sino que incluso estaba repleta de irregularidades administrativas. Por ejemplo, en la misma solicitud al jefe de la Oficina Registral Regional - Región Grau, en la que se solicita la cancelación de las 136 fichas registrales se dice lo siguiente: “que se precisa que posterior a la inscripción en los Registros Públicos de las áreas remanentes de la ex Hacienda La Brea y Pariñas y ex Hacienda Lobitos de fecha 29.12.1999, la Municipalidad Provincial de Talara, COFOPRI y otras instituciones han realizado más independizaciones sin conocimiento de nuestra representada…” .

En otras palabras, Petroperú consideraba que las expropiaciones velasquistas eran fuente de derecho de propiedad estatal cuando habían pasado más de treinta años del golpe de Velasco, cuando se han sucedido dos constituciones y cuando la Carta Política impide la existencia del Estado empresario o propietario. Y sobre todo cuando miles de posesionarios y propietarios eran posesionarios de predios en las playas del norte, incluso antes de las expropiaciones velasquistas.

La estrategia de reclamos y desalojos que impulsa la SBN en contra de los propietarios y posesionarios de las playas del norte se basa entonces en un absurdo jurídico. Es la estrategia que desarrollan sectores de la burocracia para burlar las leyes y los derechos de los ciudadanos. En otras palabras, en el Perú la informalidad no solo se multiplica por la existencia de malas leyes y las sobrerregulaciones asfixiantes —como sucede en este caso—, sino también porque los burócratas sin control político pueden convertir la legalidad en una ley de la selva.