¡Salvemos el crecimiento!

Alarmantes proyecciones a la baja de la economía

Luego de los sucesos del caso Lava Jato, que terminaron paralizando la mitad de los US$ 18,000 millones que el gobierno pretendía destrabar en obras de infraestructura, la propia administración nacional modificó sus proyecciones de crecimiento del PBI de 4.8% del PBI a 3.8%, en medio de una caída sostenida de la inversión pública privada.

Luego de los huaicos y lluvias que azotaron el norte del país, el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDP) de la Cámara de Comercio de Lima fue una de las primeras instituciones en ajustar las proyecciones de crecimiento económico a la baja: 2.8% para el 2017. Apoyo Consultoría acaba de ajustar su proyección entre 2% y 2.5%. Considerando que para seguir reduciendo pobreza el Perú necesita crecer al menos 3.5%, con el fin de absorber los 250,000 puestos laborales que se agregan anualmente a la población económicamente activa y que la reducción de la recaudación tributaria imposibilita la expansión de los programas sociales, el panorama económico del Perú empieza a ser más que sombrío.

Según el economista César Peñaranda, de la Cámara de Comercio de Lima, a estos factores habría que sumar el desarrollo de la campaña electoral del 2018 que influirá en el espacio público a partir del segundo semestre de este año. En otras palabras, el incremento del voltaje político también jugará su papel en las posibilidades de relanzar el crecimiento.

El gran problema es que para enfrentar la evidente ralentización del crecimiento la única posibilidad del país es relanzar la inversión pública y privada. Sorprendentemente, durante el primer trimestre la inversión pública se desplomó en alrededor del 13%; y no hay nada que nos indique que se alcanzará la meta de expandir la inversión estatal en 15%, tal como lo prometió el ministro de Economía, Alfredo Thorne.

En el caso de la inversión privada —que representa el 80% del total invertido en el país— las cosas son igual de complicadas. Los rubros de infraestructuras y minería son los dos grandes componentes de esta inversión, sin embargo el gobierno parece extremadamente confundido al respecto. En cuanto al caso Lava Jato, por ejemplo, un sector de la administración nacional parece más interesado en denunciar la corrupción —compitiendo con fiscales, jueces y periodistas— que en establecer las respectivas indemnizaciones y agilizar los acuerdos de conciliación para que las empresas comprometidas en la corrupción vendan sus activos y, de esta manera, vuelvan a operar a plenitud proyectos claves de infraestructura, como la Línea 2 del Metro y Majes Siguas II, entre otros.

En el caso de la minería ni qué decir. Hasta hoy una administración proempresa y proinversión no ha logrado relanzar ni un solo proyecto minero, cuando el precio del cobre está a la alza en el planeta. ¡Cómo se puede perder semejante oportunidad! De una u otra manera, la administración nacional parece rendirse frente al chantaje de los sectores antimineros que buscan paralizar la producción del metal rojo.

Todos los peruanos de buena voluntad debemos cerrar filas para relanzar el crecimiento de la economía porque, a diferencia de lo que suele señalar la izquierda, la expansión del PBI no solo reduce pobreza, también tiene mucho que ver con la estabilidad democrática del Perú.

El plan de reconstrucción de la infraestructura nacional destruida por los huaicos y lluvias debería representar un momento especial para profundizar la simplificación administrativa del Estado, ajustar la legislación de asociaciones público privadas y obras por impuestos, y relanzar proyectos mineros claves que nos permitan empujar la inversión privada hacia arriba.

El gran problema es que la tendencia a la baja en el crecimiento del PBI sin reformas, de una u otra manera, empuja al país al terrible escenario de la recesión.