Responsabilidad ambiental: tarea urgente

“La remediación ambiental constituye una responsabilidad del Estado para garantizar una calidad de vida saludable a las comunidades asentadas en zonas donde opera la minería, así como para mejorar la imagen de la minería y su sostenibilidad”, ha dicho Ramón Huapaya, gerente general de Activos Mineros SAC (AMSAC), empresa estatal de derecho privado, heredera de los pasivos ambientales de Centromin Perú. Igualmente ha informado que con una inversión de S/ 1,193 millones se remediarán —hasta el año 2021— un total de 1,945 pasivos mineros (de los más de 9,000 identificados en todo el país) en zonas afectadas por la minería tradicional en Cajamarca, Puno, La Libertad, Ancash, Huancavelica, Lima, Junín, Ica y todo el país.

Al respecto vale recordar que las remediaciones ambientales se concentran, principalmente, en la minería tradicional; es decir, en la mayoría de minas que fueron administradas por el Estado antes de las reformas económicas y sociales de los noventa. A partir de las señaladas reformas, con el objeto de privatizar las empresas estatales, el Perú comenzó a adecuar su legislación minera a los estándares ambientales de la minería moderna del planeta. De allí que hoy la minería peruana desarrolle una minería moderna de excelencia mundial.

La remediación de los suelos de La Oroya es todavía un pasivo en proceso de atención. Para el 2016 se debieron haber concluido más de 27 obras de remediación con una inversión de S/ 31.8 millones. Los trabajos de remediación consisten en retirar los metales pesados (como el plomo) diseminados en todos los suelos por la larga actividad de la fundición. Para ese cometido se hace movimiento de tierra, pistas, veredas y pavimento, para reemplazar con materiales limpios todas las áreas identificadas como contaminadas. El largo proceso de remediación tiene aprobada una inversión de más de S/ 37 millones hasta el 2018. Los cambios de suelos incluyen también las zonas altas de Marcavalle y Huaynacancha, la margen izquierda del río Mantaro y las zonas rurales de Calloc y Chacrapuquio. La idea es volver a convertirlas en zonas agrícolas y ganaderas, con nuevas tierras y nuevos pastos.

Desde 1960 y 1976, Southern opera las plantas concentradoras de Toquepala y Cuajone, respectivamente. En el proceso, 785 millones de tonelada de relaves han discurrido hacia la bahía de Ite. Southern inició un proceso de remediación, acorde con el compromiso suscrito con el Gobierno en 1997. En el año 2002, de acuerdo a ese compromiso enmarcado en el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), Ite recuperó el humedal que crea un ecosistema muy biodiverso: grama salada, verdolaga, junco y totora albergando 144 especies de aves. Esfuerzos que permiten confiar en la responsabilidad de las empresas y del Gobierno frente a los llamados pasivos ambientales.

Así como el Fondo de Adelanto Social (FAS) tiene la finalidad de financiar programas, proyectos o actividades orientados a cerrar o reducir brechas sociales y, se constituye como una herramienta vital para mejorar el desenvolvimiento de las comunidades frente a las actividades extractivas, así también la remediación de los pasivos ambientales es otro instrumento para mejorar la vida de los pobladores de aquellos lugares donde operan las empresas mineras. Tanto el FAS como los esfuerzos por remediar el medio ambiente son instrumentos valiosos para impedir que el medio ambiente saludable y la paz social que se vienen construyendo sean interrumpidos por voces antisistema que discursean contra la democracia y la libre empresa, que en Perú está permitiendo esa gran sociedad de ingresos medios. La remediación y recuperación de los pasivos ambientales y el mantenimiento sostenido de los ecosistemas constituyen el gran reto del Gobierno y de las empresas extractivas responsables.