¡Reformar y relanzar las APP!

Obligados a impulsar esta modalidad de inversión

El Perú necesita relanzar la inversión privada y pública para crecer por encima del 4% anual y continuar reduciendo la pobreza. De lo contrario, volveremos a ser una sociedad que aumenta su indigencia. Para volver a crecer requerimos relanzar la inversión privada y pública, que ha venido cayendo en los últimos tres años. La corrupción vinculada al tema Lava Jato ha paralizado casi la mitad de los US$ 18,000 millones que la administración pepekausa se proponía destrabar en obras de infraestructura. En este contexto, la izquierda se ha lanzado a demonizar a las Asociaciones Público Privadas (APP) como modalidad de inversión en obras de infraestructura en la que los riesgos son compartidos entre el sector público y privado.

Antes de continuar, una pregunta: ¿Qué sucedería si se eliminaran las APP? Bueno, pues, solo quedaría el Estado empresario que, a través de la obra pública, destrozaría la caja fiscal y nos regresaría a la experiencia velasquista y a los desastres económicos de Venezuela y Brasil. Si queremos seguir creciendo, entonces estamos obligados a reformar y relanzar las APP. ¿Qué hacer entonces para evitar la corrupción y los errores de la Interoceánica y el Gasoducto del Sur, proyectos en que los riegos se trasladaron principalmente al Estado?

Gonzalo Prialé, presidente de la Asociación de Fomento para la Infraestructura Nacional (AFIN), acaba de proponer algunas reformas interesantes, recogiendo algunos aspectos del modelo canadiense de APP. Una de ellas es lograr que los Estudios Definitivos de Ingeniería (EDI) estén lo suficiente avanzados al momento de otorgarse la concesión, para reducir la discrecionalidad en la elaboración de adendas que muchas veces terminan triplicando el valor inicial de la obra. El EDI, por ejemplo, debería estar avanzado más del 50% o quizá más. Es uno de los temas centrales a discutir.

Enseguida Prialé propone que cuando se otorgue una concesión debería liberarse siquiera el 50% de los terrenos en los que se construirá la obra, sobre todo en los proyectos lineales (carreteras y proyectos con continuidad espacial). ¿Cómo lograr un objetivo semejante en un país con un sistema de derechos de propiedad extremadamente frágil? Allí está uno de los grandes retos en la reforma de las APP. Otra sugerencia es que, otorgada la concesión, el Estado debería haber entregado todos los permisos de los gobiernos central, regional y local.

Como se aprecia, si en las licitaciones de las APP se exigiera que los EDI tuvieran un nivel de avance cercano al estudio final y se eliminaran las sobrerregulaciones estatales que ahogan a los proyectos se reduciría considerablemente el margen de acción de algunos políticos y burócratas corruptos.

El Perú está obligado a reformar y relanzar las APP. Es impensable que el Estado asuma el riesgo de resolver el déficit de infraestructura –que AFIN calcula en US$ 168,000 millones-, no solo por el criterio de los riesgos compartidos con el sector privado, sino por la disponibilidad y salud de la caja fiscal.

Siempre vale recordar que desde 1993 se han invertido alrededor de US$ 30,000 millones en APP, suma que nos ha permitido solucionar problemas de infraestructura en precisos momentos en que el Perú luchaba por superar la quiebra general del Estado de los ochenta. Allí están los avances en telefonía, en aeropuertos y puertos, no obstante los graves problemas de infraestructura que el país padece.

La economía de mercado es imposible con un Estado que lo hace todo a través de la obra pública. Igualmente desarrollar un sistema de servicios que expanda el bienestar resulta inimaginable en un Estado que concentra todos estos servicios. Quizá solo baste recordar la situación de los teléfonos y la electricidad cuando eran manejados por el Estado. Horror y locura.