¡Rectificar fracaso en formalización minera!

Urgente cambio de timón gubernamental

En este portal siempre señalamos la urgencia política y social de la solución de los conflictos sociales de parte del Estado. ¿Por qué? No solo se trata de la justicia de las reivindicaciones de la población frente al abandono, sino también de la propia gobernabilidad del país. Por ejemplo, los fracasos y demoras en resolver los problemas de seguridad ciudadana, la reactivación económica y la corrupción reducen la popularidad del Gobierno; pero la violencia de los conflictos sociales puede bloquear la gobernabilidad, sobre todo por los agitadores radicales que intentan manipular la impaciencia social.

Bueno, pues, los mineros informales del Perú ya están organizando una protesta para el próximo 14 noviembre, algo que se debe evitar a toda costa. Las organizaciones de mineros artesanales vienen exigiendo que se deroguen las normas promulgadas por el nacionalismo que, de una u otra manera, terminaron demonizando al pequeño minero y que no tuvieron ningún efecto en la preservación del medio ambiente y la formalización minera.

A fines de este año vence el plazo establecido por la pasada administración nacionalista para proceder a formalizar a los mineros artesanales. De un universo aproximado de 400,000 pequeños mineros, ¿cuántos forman parte del proceso formalizador? Aquí es donde surge un verdadero baile de cifras. Por ejemplo, el viceministro Guillermo Shino, en un evento en el Cusco, señaló que 70,000 mineros informales se habían acogido al proceso, en tanto que el congresista pepekausista Sergio Dávila informó eran cerca de 250,000.

Cuando el viceministro Shino habla de 70,000 está tomando en cuenta solo a los mineros artesanales que han presentado una declaración de compromiso para formalizarse. Nada más. De ese total, solo 30,000 han pasado a la etapa de saneamiento; es decir, al proceso formalizador propiamente dicho. Pero, ¿cuántos han terminando de formalizarse? La cifra es estremecedora: menos de 400. No se necesita entonces abundar en detalles para señalar que estamos ante un fracaso monumental. El sentido común, pues, indica que las normas del nacionalismo sobre formalización minera deberían derogarse.

Sin embargo, ¿por qué el fracaso evidente? Primero, no son 70,000. Segundo, los decretos a derogarse empezaron por el final: sanciones draconianas, cárcel, interdicción, pérdida de dominio. Tercero: algunos estudios han establecido que, de acuerdo a los decretos expedidos por el nacionalismo, el proceso de formalización demanda por lo menos 1,260 días (cuatro años) de trámites en 16 oficinas y entidades, públicas y privadas. Y que estos engorrosos procesos pueden representar US$ 80,000. No es extraño entonces que solo menos de 400 mineros artesanales hayan logrado formalizarse. ¿Quién puede formalizarse bajo este marco legal?

Para entender la magnitud del problema siempre es aleccionador citar las últimas declaraciones de don Alberto Benavides de la Quintana, fundador de la minería moderna en el Perú (empezó como pequeño minero), quien sostuvo que los mineros informales representan un universo de 400,000 productores y que más de un millón de personas dependían directa e indirectamente de esta actividad. Don Alberto también señaló que la producción informal de cobre y oro sumaba alrededor de US$ 2,000 millones.

Para abundar en detalles. Diversos cálculos establecen que los mineros informales producen alrededor de 6,000 kilos de oro al mes. De ese total, solo 1,000 kilos se transan con facturas, mientras que los 5,000 restantes se venden como contrabando. Considerando que el kilo de oro está alrededor de US$ 40,000 es evidente que US$ 200 millones se comercializan como contrabando. Como se aprecia, la permanencia de la informalidad no solo afecta el medio ambiente, sino que también el Estado pierde ingentes recursos fiscales por el volumen de contrabando. Es un juego en el que todos pierden, incluido el minero informal. A derogar, pues.