Puertos, a paso de tortuga

Las inversiones en infraestructura portuaria siguen demasiado lentas

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha informado que en el primer semestre del 2016 espera entregar en concesión a inversionistas privados los puertos de Chimbote, Ilo y Salaverry. El anuncio es una buena noticia que, de concretarse, sería un avance en materia de inversión privada en puertos, la cual ha sido demasiado lenta en los últimos años, restándole competitividad al país.

Según el Ranking de Competitividad del Foro Económico Mundial, en calidad de infraestructura portuaria el Perú está en el puesto 87, entre 144 países, mientras que nuestro principal competidor en la región en servicios portuarios, Chile, ocupa el puesto 35. Estamos además por debajo de Uruguay (42), México (62), Honduras (71) y Guatemala (74).

¿Cómo explicar este retraso de un proceso que se inició a fines de la década de los 90? La explicación parece estar en el retroceso que ha sufrido el estado en materia de promoción de la inversión privada y en trámites burocráticos, en particular durante el actual gobierno.

Después de la primera concesión de un puerto (Matarani, 1999), hubo que esperar siete años para que se concrete la segunda, el Muelle Sur del Callao, en julio del 2006, poco antes de finalizar el gobierno de Alejandro Toledo.

El gobierno de Alan García entregó en concesión el puerto de Paita en septiembre del 2009, después el muelle de minerales del Callao, en enero del 2011; y finalmente el puerto fluvial de Yurimaguas y el Muelle Norte del Callao, en mayo del 2011. El actual gobierno ha privatizado solo el puerto de Pisco (General San Martín), en julio del año pasado, y ahora dice que antes de irse entregará los de Chimbote, Ilo y Salaverry.

¿Por qué han tenido que pasar cuatro años y medio para que recién se vislumbren posibles nuevas concesiones portuarias? Una parte de la respuesta está tal vez en la poca convicción de un partido gobernante que siendo oposición se opuso a la privatización de los puertos. La otra explicación es la multiplicación de las trabas burocráticas a la inversión pública y privada.

El gobierno nacionalista no parece ser consciente de la urgencia de cerrar el déficit de infraestructura. Un estudio realizado el 2008 por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (Afin) calculó dicho déficit en US$ 87,795 millones; y otro estudio presentado este año por Perú Top Publications calcula que la brecha ascendería a US$ 121,000 millones. El aumento es considerable.

El estudio de Perú Top precisa además que los sectores con mayor atraso son Transportes, Energía y Educación, con déficits de US$ 33 mil millones, US$ 24 mil millones y US$ 21 mil millones, respectivamente.

¿Cómo enfrentar esta situación que entrampa en desarrollo? Según la Sociedad de Comercio Exterior (Comexperú), la solución pasa por modificar la legislación sobre la materia para que la ejecución de las inversiones sea más transparente, eficiente y rápida. También sugiere revisar los criterios de evaluación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Todo indica que en el gobierno se mueven en sentidos opuestos dos burocracias paralelas. Una que trabaja por sacar adelante los proyectos de inversión, y otra que le pone obstáculos por ineficiencia o por prejuicios contra la inversión privada.

El Perú tiene hoy una cartera de 2,083 proyectos de infraestructura que suman US$ 113,439 millones, los cuales podrían ser ejecutados en el período 2015-2021 bajo concesión directa, asociación público-privada (APP), Iniciativa Privada Autosostenible (IPA) o Iniciativa Privada Cofinanciada con el estado (IPC). Sin embargo, todo avanza a paso de tortuga por las trabas burocráticas.

El déficit de infraestructura es un gran problema, pero también una oportunidad para el presidente Humala. Si se decidiera a impulsar de manera agresiva la inversión privada en ese rubro, dejaría un gran legado que podría mostrar en el futuro. Solo tendría que comprometer su liderazgo tal como lo ha hecho con algunas obras conocidas.