¿Por qué no se legisla supervisión de cooperativas?

No obstante que la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) viene solicitando la legislación del sistema de supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito desde hace 14 años, en el Congreso, como se dice, “no se oye, padre”. Considerando que el Perú sigue siendo uno de los principales países en donde se produce droga, y que el dinero ilegal y el lavado de activos es una amenaza permanente en la vida pública, la falta de voluntad de legislar sobre el tema es más que preocupante. En el asunto tiene responsabilidad toda la clase política, pero hoy los reflectores apuntan hacia el Congreso. No se justifica la demora.

El problema es más que grave. En la actualidad, las cooperativas de ahorro y crédito suman alrededor de 671, pero solo 151 envían información a la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (Fenacrep). ¿Cómo explicar tan poca voluntad de informar sobre los movimientos para captar ahorros y otorgar créditos? La respuesta es simple: la supervisión de la Fenacrep es voluntaria; es decir, depende de la voluntad de de las cooperativas de ahorro y crédito. Esta realidad explica que solo el 23% de las mencionadas cooperativas tengan algún nivel de supervisión.

En el valle del Río Apurímac y Ene (VRAEM) las cooperativas de ahorro y crédito se han multiplicado de manera exponencial. Hoy suman alrededor de 190, pero solo el 24% tiene un nivel de supervisión. Considerando que el VRAEM es la principal región productora de clorhidrato de cocaína, amigo lector, ¿no se le escarapela el cuerpo ante la forma cómo crecen las mencionadas cooperativas? ¿Es necesario ser demasiado zahorí para sospechar acaso que se podría estar lavando dinero ilegal?

Según informaciones de la Superintendencia de Banca y Seguros, el movimiento financiero de las cooperativas de ahorro y crédito representa el 25% de los depósitos en instituciones financieras no bancarias. ¿Cómo entonces no puede existir una supervisión obligatoria? Y todo parece indicar que el asunto no para de crecer.

Los volúmenes que se manejan en las mencionadas cooperativas no solo tienen que ver con una política de Estado en contra del dinero ilegal y el lavado de activos —de acuerdo a todos los convenios que el Perú ha suscrito con organismos internacionales, en particular con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)—, sino con la propia defensa de la economía de mercado. Una de las fortalezas del modelo ha sido la solidez del sistema bancario y financiero del Perú, una solidez que podría convertirse en interrogante ante el avance de un sistema crediticio que puede convocar dinero ilegal y fomentar la irresponsabilidad en el manejo del dinero de los ahorristas.

En realidad no hay argumentos posibles para oponerse a la aprobación de una legislación que establezca la supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito; a menos que se pretenda crear zonas grises en la economía para prospere la oscuridad, por decir lo menos. En cualquier caso, hoy la clase política tiene la responsabilidad de legislar sobre un tema tan delicado, y colocar al Perú al nivel de las naciones desarrolladas que combaten de manera implacable el lavado de activos y protegen el capital de los ahorristas.