Perú y Ecuador contra la pesquería ilegal

En el Club Naval de Guayaquil (Ecuador) se desarrolló un taller para que Perú y Ecuador coordinen políticas de fiscalización pesquera para terminar con la pesca ilegal que amenaza la biomasa de peces en las costas norteñas. El problema no es menor: se calcula que las pérdidas a nivel mundial por la pesca ilegal suman alrededor de U$S 23,000 millones anuales y representan la sustracción ilegal de 26 millones de toneladas métricas de peces. El Ministerio de Acuacultura y Pesca (MAP) de Ecuador y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) fueron las principales instituciones que animaron el señalado taller internacional.

Perú y Ecuador están desarrollando intensas campañas en contra de la pesca ilegal en sus respectivas aguas territoriales, controlando la pesca de las embarcaciones a través de monitoreo y vigilancia satelital. En el caso de nuestro país se han dictado normas para desalentar, prevenir y eliminar la pesca ilegal no reglamentada ni declarada. Gracias a estas políticas, en los últimos cinco años se ha reducido en un 40% la pesca ilegal.

Al respecto vale señalar que una política estatal en contra de la pesca ilegal para ser eficiente en la preservación de la biomasa de cualquier país debe considerar las siguientes modalidades a enfrentar: la captura ilícita de peces que se realiza sin ninguna autorización; la pesca no declarada que manipula información sobre el volumen, peso y las especies capturadas; y la pesca no reglamentada, que consiste en ignorar las cuotas asignadas.

Al igual que los movimientos antimineros, en cuanto a la pesca también ha surgido un ecologismo radical que pretende hacer pasar la idea de que la pesca industrial es incompatible con la preservación de las biomasas de nuestro mar. La puntería de este ambientalismo radical apunta, sobre todo, en contra de la pesquería industrial para favorecer a sabe Dios qué intereses. Al parecer, así como los antimineros aseguran —con cada mina que paralizan— las ganancias de los grandes comercializadores de cobre del mundo, igualmente el ecologismo radical también respalda intereses extranacionales, denunciando que la pesca industrial está acabando con la biomasa de la anchoveta por una supuesta depredación y captura de juveniles. Todo eso es mentira, porque la pesca industrial en el Perú está respaldada por el monitoreo científico del Instituto del Mar del Perú (Imarpe).

Enfrentar la pesca ilegal, entonces, es dejar sin argumentos al ecologismo radical y también denunciar la hipocresía que mantiene silencio ante la extracción ilícita. Hoy, por ejemplo, se captura de manera ilegal alrededor de 250,000 toneladas de anchoveta. Las cuotas pesqueras asignadas en la pesca industrial, por el contrario, permiten desarrollar políticas de sostenibilidad del recurso.

Todos los peruanos tenemos la obligación de fomentar y respaldar la pesca industrial. El sector pesquero podría aporta el 1.5% del Producto Bruto Interno (PBI) del presente año. Al respecto vale recordar que en la segunda temporada de pesca de este año se crearon más de 30,000 puestos de trabajo mediante la actividad de 400 empresas y 755 embarcaciones.