Pérez Tello y otro conflicto social

Decreto del sector Justicia criminaliza al minero artesanal

Se acaba de publicar un decreto legislativo que considera la actividad de “minería ilegal” como parte de los delitos de crimen organizado. Considerando que en un decreto legislativo anterior (1105) —publicado durante el nacionalismo— la definición de minería ilegal es extensiva y general, resulta evidente que todas las actividades informales de los mineros artesanales podrían caer en esta tipificación. Una locura, cualquiera sea el ángulo de análisis. Evidentemente una acción desata una reacción y los mineros informales del Perú acaban de acordar para este 17 de noviembre una primera medida de fuerza.

¿Por qué una multitud de empresarios, emprendedores y procapitalistas tienen que enfrentarse innecesariamente con el Estado? ¿Acaso la minería en el Perú solo está reservada para unos pocos? ¿No temen que esta fuerza de miles de empresarios se convierta en la base social de una propuesta antisistema? Todo parece una insania.

Es evidente que todos estamos en contra de la minería ilegal que se desarrolla en zonas prohibidas, como parques y reservas nacionales; pero algo muy diferente es la voluntad de criminalizar al minero artesanal, cultivada durante la administración nacionalista: se establecieron multas impagables, políticas de interdicción, penas de cárcel, tipificación de lavado de activos y pérdida de dominio. Al final del gobierno nacionalista la minería informal siguió extendiéndose en todo el territorio nacional, se formalizaron apenas 400 de un universo de más de 400,000 mineros artesanales y se continuó depredando el medio ambiente. La ministra Pérez Tello parece embarcada en esta política y, quizá sin ser demasiado consciente, ha desatado un nuevo conflicto social.

Lo peor de todo es que la titular de Justicia ha impulsado el decreto legislativo, que pretende criminalizar al minero artesanal, sin haber consultado con el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo y —de una u otra manera— ha creado un frente de guerra para toda la administración PPK y ha empujado al sector Energía a una batalla innecesaria. En todo caso, tarde o temprano el nuevo conflicto social que se desatará, terminará con la derogatoria del decreto Pérez Tello en el Congreso.

Ahora bien, es interesante conocer cómo se han desarrollado todos los intentos de criminalizar al minero artesanal en los últimos años. En julio del 2013 el gobierno nacionalista presentó una iniciativa que pretendía tipificar como parte de los delitos de crimen organizado a la minería informal, pero 103 congresistas se negaron. No pasó. En julio del 2014 la propia Pérez Tello, en calidad de congresista, presentó un proyecto en ese sentido, pero no prosperó. En el 2015 la administración nacionalista pretendió criminalizar al minero artesanal, solicitando para ello facultades legislativas, pero el Congreso negó el pedido. Ahora, sorprendiendo a otros ministros, Pérez Tello logra su objetivo de criminalizar la minería artesanal. Gravísimo, descomunal error.

Algunos sectores que creen que la economía de mercado y el capitalismo es para unos pocos privilegiados, desde hace algún tiempo pretenden criminalizar a las sociedades de la economía informal. Para ellos los informales son simplemente transgresores de una ley perfecta, no ciudadanos que se declaran en desobediencia civil ante leyes que establecen costos y transacciones que no pueden pagar, a menos que pierdan todos los ahorros de su vida. La desobediencia civil y pacífica ante las malas leyes construye más libertad, más inclusión; a diferencia del accionar del terrorista, del revolucionario o el delincuente, que viola derechos fundamentales de los ciudadanos, sin los cuales no se podría imaginar la democracia y la economía de mercado.

El desencuentro entre el Estado y la emergencia de la multitud de mineros informales le viene costando demasiado al Perú: el Estado pierde enormes cantidades en tributos, nuestros ríos y bosques siguen sin protección por la falta de formalidad y el minero artesanal no puede seguir creciendo, tal como sucedió con la experiencia empresarial de don Alberto Benavides de la Quintana, fundador de la minería moderna en el país.