¡Ofensiva internacional antiminera!

Falsedades en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Desde este portal hemos denunciado que el movimiento antiminero tiene una estrategia bien montada para liquidar a la minería moderna en el Perú y conducirnos de las narices hacia el estatismo chavista. Este movimiento antiminero utiliza las plataformas digitales, los medios de comunicación y espacios internacionales (fórums, conversatorios, talleres) que tiene a su alcance. Para el movimiento antiminero lo importante es pegarle a la minería moderna levantando falsas narrativas y desinformando de manera descarada.

El 25 de mayo pasado se celebró en Buenos Aires (Argentina) la 162 sesión de Audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La sesión tuvo como título “Derechos Humanos e industrias extractivas en el Perú”, y hasta allá llegaron representantes de dos importantes organizaciones no gubernamentales “pro derechos humanos” —la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CC.NN.DD.HH.) y el Instituto de Defensa Legal (IDL)— así como Milton Sánchez, presidente de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) y tenaz opositor del proyecto minero Conga, para “exponer” lo que sucedía en el Perú. Debemos agregar que también estuvo invitado el procurador adjunto Nacional, Iván Bazán, en representación del Estado peruano.

Como era de esperarse, este escenario fue el idóneo para que los representantes de las organizaciones antimineras se despachen en contra del Estado peruano, sobre todo desplegando narrativas falaces. Así, los abogados representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CC.NN.DD.HH.) y del Instituto de Defensa Legal (IDL) argumentaron que desde el Estado peruano hay una serie de medidas jurídicas que atentan y violan los derechos humanos. Los abogados de estas organizaciones se refieren a los denominados “estados de emergencia preventivos” y sobre todo al Decreto Supremo 1095, que permite a las fuerzas del orden actuar en casos extremos de violencia. Añadieron también que se ha privatizado a las Fuerzas Policiales a las empresas mineras, y que existen actualmente 112 convenios entre la PNP y dichas compañías. De otro lado, el señor Milton Sánchez sostuvo —con todo desparpajo— que la tecnología de la empresa minera Yanacocha no ha funcionado, que Cajamarca está sometida a la minería desde hace 23 años y que aún así la pobreza no ha sido erradicada.

Tremendas mentiras. Con respecto a lo dicho por las representantes de las organizaciones antimineras —CC.NN.DD.HH. e IDL— debemos indicar lo siguiente. Un grupo minoritario de peruanos se ha organizado para liquidar a la minería moderna, orquestando incursiones violentas contra los campamentos mineros. A ello debemos añadir que se destruye la propiedad pública y el comercio se paraliza. ¿Cómo no declarar el estado de emergencia ante un caos así?

Ahora bien, no hay nada malo ni oscuro que el marco legal establezca que una empresa minera puede llegar a un acuerdo con la PNP para la protección de sus instalaciones. Habría que preguntarnos ¿por qué las entidades financieras y las empresas mineras se ven en la obligación de obtener un convenio con la PNP para el cuidado de la seguridad en sus instalaciones? Por la sencilla razón de que el Estado es incapaz de otorgar un mínimo de seguridad a los ciudadanos. Por ello muchas empresas —entre ellas las mineras cuyos campamentos e instalaciones están en zonas alejadas y en las que el Estado apenas tiene presencia— optan por establecer acuerdos con la PNP.

En tanto, lo dicho por Milton Sánchez —presidente de la PIC— es simplemente falsedad. Las empresas mineras trabajan con altos estándares de calidad mundial, respetando el ambiente y el entorno social. Si una empresa como Yanacocha, que es una de las más importantes del mundo, incumple los estándares mínimos de calidad ambiental simplemente no son sujetos de crédito. Ahora, basta comprobar la ingeniería de punta que hoy existe en los campamentos mineros para comprobar si existe contaminación en el medio ambiente.

Con respecto a la pobreza en Cajamarca, vale resaltar que en los últimos años la región ha sido tomada por autoridades locales opositoras a la minería moderna. Estas autoridades, junto a líderes sociales y organizaciones no gubernamentales, han desplegado una estrategia para erradicar la minería en Cajamarca. Y lo han logrado.

Basta comparar a Cajamarca y Apurímac, región donde casi todas las autoridades regionales y locales apoyan al proyecto Las Bambas. En Apurímac existe hoy un milagro alrededor de la minería que le ha permitido reducir pobreza como jamás en su historia (alrededor de 30% de pobreza). En tanto que Cajamarca concentra siete de los veinte distritos más pobres, es la primera región en pobreza y la menos competitiva. Milton Sánchez miente porque la minería moderna habría sido la palanca para reducir pobreza y crear empleo.