Economía

Odebrecht: Chavimochic, Olmos y la agroexportación

Casos de corrupción golpean al sector

Odebrecht: Chavimochic, Olmos y la agroexportación
  • 03 de marzo del 2017

Casos de corrupción golpean al sector

El sector agroexportador está sintiendo las primeras consecuencias de las investigaciones sobre la corrupción de las empresas brasileñas a políticos y funcionarios peruanos. Hoy la agroexportación se ha logrado posicionar como un sector fundamental para la economía: el valor de las agroexportaciones (tradicionales y no tradicionales) en el 2016 alcanzó los US$ 5,550 millones, 8% más que en el 2015 (US$ 5,128 millones). Semejante cifra señala que el sector agroexportador es uno de los motores del crecimiento de la economía y de la generación de empleo, y que ya representa un quinto del total de nuestras exportaciones.

Una de las consecuencias de las investigaciones a las empresas brasileñas es lo que sucede con Odebrecht y los proyectos Chavimochic (La Libertad) y Olmos (Lambayeque). Hoy, debido a un impasse con la empresa Odebrecht, el Gobierno Regional ha paralizado el proyecto Chavimochic III, y se estima que se reinicie la construcción en el 2018. Vale observar que en el 2013 Odebrecht junto a Graña y Montero se presentaron, a través del consorcio Río Santa Chavimochic, y ganaron la concesión del proyecto. Las obras empezaron a ejecutarse en marzo 2014. El proyecto Chavimochic III consiste en la incorporación a la agricultura de 18,000 hectáreas y el mejoramiento del riego de 28,000 hectáreas en los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama. El proyecto es una alianza público privada, en la que el Estado peruano aportará US$ 373,813 millones y el consorcio Río Santa Chavimochic US$ 300 millones. La inversión total es de US$ 715 millones, incluido el IGV.

El consorcio referido ha entrado en una pública confrontación con el Gobierno Regional de La Libertad. Como se sabe, el gobierno regional liberteño debía entregar los terrenos para la construcción del proyecto. Los directivos del consorcio Río Santa Chavimochic sostienen que el Gobierno Regional de La Libertad no cumplió con los plazos, y exigen el pago de una adenda por aproximadamente US$ 100 millones. De otro lado, el Consejo Regional de La Libertad se ha negado a aprobar la adenda a un consorcio al que consideran “investigado por corrupción”. Desde enero el proyecto está paralizado. Los directivos del consorcio también indicaron que pedirán un arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en los EE.UU., para determinar el monto exacto de la adenda. Si todo llega a buen puerto, Chavimochic III recién estará listo en el 2020; es decir, tres años después.

Algo semejante ocurre con el proyecto Olmos, operado por el consorcio conformado por Odebrecht Participações e Investimentos y Construtora Norberto Odebrecht; pero la venta de acciones a otros operadores depende del gobierno regional de Lambayeque. Olmos comprende la irrigación de 38,000 hectáreas de tierras nuevas —de propiedad del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL)— y 5,500 hectáreas del Valle Viejo y la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos. Hoy el proyecto Olmos se encuentra en un proceso de transferencia de acciones de las filiales de Odebrecht a Perú Water Holding I, Suez Holding Perú y BIF II Peru H2O Equity Aggregator. Dichas empresas se harían cargo del mantenimiento del proyecto de irrigación.

Para que las acciones de Odebrecht pasen a manos de las otras empresas el Consejo Regional de Lambayeque debe dar su visto bueno. Sin embargo, ello no ocurre. La situación del proyecto Olmos se hace más compleja porque el nuevo Decreto de Urgencia 003-2017 indica que “las empresas sentenciadas por corrupción, o que la hayan reconocido, no podrán transferir utilidades o dividendos al exterior; y no podrán vender sus activos sin aprobación del Estado”. Aquello haría más pesada y burocrática la venta de acciones de Olmos, y los únicos perjudicados serían los agroexportadores.

La agroexportación peruana empieza a sentir los golpes de las investigaciones por corrupción a las empresas brasileñas. Un sector que, según la Asociación de Gremios Agroexportadores del Perú (AGAP), podría dar hasta 750,000 empleos directos no debe parar.

 
  • 03 de marzo del 2017

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