No es posible sostener el crecimiento sin reformas

Es evidente que la falta de un entendimiento entre Ejecutivo y Legislativo para organizar la gobernabilidad y concretar las reformas, que la metástasis de la corrupción en todas las instituciones del sistema de justicia y el descrédito de la clase política comienzan a convertirse en los peores enemigos del crecimiento y del proceso de reducción de pobreza. Asumir el criterio de que la mala política no afecta a la economía es un grave yerro que linda con la irresponsabilidad. Hoy la falta de gobernabilidad no solo bloquea la lucha contra la corrupción y la concreción de las reformas, sino que ahuyenta a cualquier gran inversión. Así estamos.

En este contexto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) acaba de pasar al modo optimista: proyecta que el PBI crecerá este año en 4% y que el próximo lo haría en 4.2%. En cuanto a la trayectoria fiscal las cosas también parecen pintar bien: el 2018 el déficit llegaría al 3% del PBI y se lograría ajustar las cosas hacia el 1% en el 2021. El aumento de la recaudación tiene que ver con la mejora de los precios de los commodities y con el hecho de que en el Nuevo Marco Macroeconómico Multianual se contempla la reducción de exoneraciones. Sin embargo, el optimismo parece desbordarse cuando el MEF prevé que el aumento del PBI potencial hacia el 2022 será del orden del 4.5%. ¿Puede proyectarse un PBI potencial (capacidad de crecer de una economía sin inflación) en base a variables de coyuntura?

Más allá de un punto o medio punto de incremento del PBI potencial, el Perú y los cerca de seis millones de ciudadanos todavía debajo de la línea de pobreza no se merecen este tipo de aproximaciones; sobre todo considerando que las cosas urgentes por hacer dependen de voluntad política. Por ejemplo, es imposible que el Perú vuelva a pensar en tasas altas de crecimiento si no se concreta como mínimo una reforma del sistema de justicia. No se puede imaginar un nuevo flujo de inversiones —tal como sucedió en la primera década del nuevo siglo— si la democracia peruana no reforma su sistema de justicia y convierte esta ola de indignación ciudadana en una oportunidad para la República. Para alcanzar ese objetivo se necesita que Ejecutivo y Legislativo converjan, que se aprenda a ceder y a pactar.

Si existiera ese nivel de aproximación se crearía un espacio para que en la democracia peruana se empiece a legislar a favor de las inversiones, a favor de un relanzamiento del capitalismo y el crecimiento como única manera de seguir reduciendo pobreza. En este contexto, ampliar la vigencia de la Ley de Promoción Agraria enviaría la clara señal de que en el Perú se apuesta por la productividad y la competitividad en la agricultura. A partir de allí, la posibilidad de concretar una reforma de toda la legislación laboral es una enorme posibilidad. Y si una apuesta de ese tipo desata un gran debate, bueno, ese tipo de diferencias son las más beneficiosas para una sociedad moderna. Es decir, los alineamientos alrededor de reformas e iniciativas, y no aquellas en las que se busca eliminar al otro actor.

¿A qué vamos? Más allá de repetirlo hasta la saciedad, vale señalar que el país necesita con urgencia una reforma de sus instituciones que indique que la democracia peruana tiene capacidad de autorregeneración, necesita una reforma educativa en base a la meritocracia de la escuela pública (que aleje el debate educativo de la trampa izquierdista alrededor del género), se necesita igualmente una reforma del sistema sanitario, y requerimos un plan mínimo para solucionar los alarmantes problemas de infraestructuras que impiden la continuidad de inversiones y mercados.

De alguna manera todos los actores que tienen una mínima identidad con la democracia y la economía de mercado saben cuáles son las tareas urgentes que necesita abordar el Perú. ¿Qué nos ha sucedido para alejarnos tanto de ellas?