Minería moderna con altos estándares ambientales

El premier César Villanueva, durante la exposición de la política general de gobierno en el Congreso de la República, se mostró entusiasmado con el sector minero y con la construcción de nuevos proyectos como Quellaveco (Moquegua), Mina Justa (Ica) y la ampliación de Toromocho (Junín) que suman una inversión de US$ 10,000 millones. Sin embargo, guardó silencio sobre el proyecto cuprífero Tía María (Arequipa), que debe obtener la licencia de construcción de la mina este año, y sobre Michiquillay (Cajamarca), recientemente adjudicado por el Gobierno.

Semanas atrás el jefe del Gabinete señaló que “procurará que Tía María salga adelante este año... No podemos tener una riqueza minera, petrolera y gasífera importante enterrada en el subsuelo y tener pobreza en la superficie”, dijo. No obstante, días después, en aparente retroceso, afirmó que Tía María solo se concretará si cuenta con licencia social.

Sorprende que pese a la desaceleración de la economía y el incremento de la pobreza en 1% —debido a la caída de la inversión privada— el Gobierno no le diga al país qué hará para que el proyecto Tía María sea viable y para persuadir a los pobladores sobre las ventajas de las inversiones que reducen pobreza y arrinconan a la anemia y desnutrición infantil

En la provincia de Islay, Arequipa, y en todo el llamado Corredor Minero del Sur —que comprende los departamentos de Arequipa, Abancay y Cusco— se ha concentrado el movimiento antiminero con el objetivo de detener las inversiones. Aducen supuestos daños de contaminación y desentendimientos con la población por parte de las mineras. Sobre la contaminación, que es el caballito de batalla del extremismo antiminero en valle de Tambo, habría que hacer un poco de docencia y explicarle a la población los avances logrados por Perú en cuanto a cuidados del medioambiente.

Por ejemplo, un reporte sobre concentración de dióxido de azufre en zonas mineras en el periodo 2006-2015, del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), demuestra la sorprendente reducción de contaminación en la refinería de Ilo (Town city): de 4.14 Microgramo por metro cúbico (μg/m3) en 2006 se pasó a 3.50 μg/m3 en 2015; en la Fundición de Ilo (Ross Siding), de 124.08 μg/m3 (2006) a 16.00 μg/m3 (2015); en Jicamarca (refinería Cajamarquilla), de 94.76 μg/m3 (2006) a 64.44 μg/m3 (2015); en el campamento 2 (Tintaya), de 16.00 μg/m3 (2006) a 10.70 μg/m3 (2015) y, entre otros, en la mina Raura, de 1.80 μg/m3 (2006) a 1.00 μg/m3 (2015).

En otro reporte del mismo periodo, sobre concentración de plomo en las zonas mineras, en el campamento 2 (Tintaya) se pasó de 0.009 μg/m3 en 2006 a 0.003 μg/m3 en 2015; en Milpo, de 0.083 μg/m3 en 2006 a 0.010 μg/m3 en 2015; en Marcona (Shougang Hierro Perú), de 0.061 μg/m3 en 2006 a 0.023 μg/m3 y, entre otros, compañía minera Poderosa, de 1.334 μg/m3 en 2006 a 0.015 μg/m3 en 2015.

Los indicadores son claros. Desmienten con documentos técnicos incontrastables los relatos mentirosos del movimiento antiminero. Perú es hoy un país respetuoso con el medio ambiente, riguroso con las normas nacionales y los parámetros internacionales. ¿No puede, acaso, el Gobierno difundir el reporte del INEI entre los pobladores cercanos a Tía María y a Michiquillay?

Perú es un país de larga tradición minera. Por cada puesto formal de trabajo en el sector minero se crean hasta siete nuevos puestos de trabajo directo e indirecto. Los puestos de trabajo indirectos han permitido nuevos emprendimientos económicos que sirven para abastecer de bienes y servicios a las actividades mineras. Familias enteras en los poblados más alejados se han vuelto proveedoras de todo tipo de productos. El 60% de las exportaciones nacionales corresponden a los productos provenientes de los minerales, que incrementan las divisas nacionales. En los últimos 20 años, gracias al canon minero que llega a las provincias y distritos, la pobreza ha retrocedido sustancialmente en la zona andina.

¿Cómo puede, entonces, un grupo de agitadores ideologizados torcer el brazo del Estado y la voluntad popular?