¡Manos a la obra en Michiquillay!

El contrato de transferencia del proyecto Michiquillay ya fue firmado por la minera Southern Perú y Activos Mineros, en representación del Estado peruano. Con la transferencia de la concesión, US$ 2,500 millones de inversión harán posible la explotación de mil millones de toneladas de cobre, plata, oro y molibdeno. Y si todo sale como se planea, en 2019 se inicia la construcción de la mina y en 2022 se comienza a producir 225,000 toneladas finas de cobre, el 9.2% del cobre producido en el país el año pasado (2.4 millones de toneladas).

La experiencia de Southern es garantía para el éxito de Michiquillay. La minera opera la mina Toquepala (Tacna), la mina Cuajone y la refinería de Ilo (Moquegua), y tiene pendiente la licencia de construcción de la mina Tía María (Arequipa). Todo el expertise acumulado servirá para desarrollar nuevas y mejores oportunidades para las comunidades de Michiquillay y La Encañada (Cajamarca). Sacará de la pobreza en que se encuentra a la región del norte, por las malas decisiones políticas de sus autoridades.

Se prevé que la mala experiencia de Conga no se volverá repetir. Durante las elecciones presidenciales 2011, Ollanta Humala y Nadine Heredia alentaron el estribillo “agua sí, oro no” cerrando, hasta el momento, las posibilidades al proyecto Conga. Por el contrario, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, ha señalado que ahora el Gobierno hará un acompañamiento “muy cercano” al proyecto. Ha comprometido la intervención del Estado en la promoción de la inversión minera en la región, caracterizada por una fuerte oposición política contra la minería. La idea es unificar todos los esfuerzos hacia un único objetivo: reducir la pobreza por medio de inversiones que generen trabajo formal directo e indirecto, renta, canon, divisas por exportación, regalías, fideicomisos y aportes voluntarios a las comunidades de influencia directa.

Southern deberá realizar un entusiasta programa de socialización en las comunidades campesinas de la zona. Deberá desarrollar distintos talleres informativos y eventos de participación ciudadana hasta que, en una audiencia pública, la población apruebe la información técnica, social y ambiental del proyecto. Los pobladores deben estar seguros de que serán los primeros y los principales beneficiados con el proyecto minero. Con esa “licencia social” y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se logrará la licencia de construcción de la mina.

La penetración antiminera es poderosa en Cajamarca. Así como en el Corredor Minero del Sur, el círculo antisistema está integrado por activistas decididos a pernoctar día y noche en las comunidades. También por periodistas y locutores que escriben y hablan lo que les indican sus “auspiciadores”: ONG – OXFAM, Red Muqui, Cooperacción y Amnistía Internacional, entre otros que organizan eventos y publican libros y documentos claramente contra las mejores posibilidades sociales y económicas del país. Y También políticos vinculados a la izquierda extremista que han hecho de la actividad antiminera su trabajo diario.

Por lo pronto, el proyecto Michiquillay tiene el apoyo de unos 800 jóvenes de las comunidades campesinas, dispuestos a defender lo que para ellos significa progreso y bienestar. En diciembre de 2017 los pobladores de Michiquillay y La Encañada se comprometieron a mantener un ambiente viable para el proyecto. Jesús Díaz, presidente de la comunidad de Michiquillay, está en desacuerdo con los contingentes antimineros que se disfrazan de ronderos y se autoproclaman dirigentes campesinos. Díaz ha sostenido que no permitirá el ingreso de terceros a su comunidad, y que se opone a los mitos y leyendas sobre contaminación minera.

Por todas estas consideraciones, ¡es hora de empezar Michiquillay!