Luego del subsidio de la papa, el maíz…

 

Sucedió lo previsible. Ahora los productores de maíz de los valles de Bellavista, Picota y El Dorado de la región San Martín exigen al Gobierno que les compre 30,000 toneladas de maíz que se encuentran almacenadas y 70,000 toneladas de maíz que todavía no han sido cosechadas. Piden exactamente lo mismo que los productores de papa, quienes semanas atrás se declararon en huelga y bloquearon todos los accesos, principalmente a la zona central del país.

Una comisión del Ministerio de Agricultura no pudo apaciguar los ánimos de los maiceros que bloquean la carretera Fernando Belaunde Terry, que une Moyobamba con Tarapoto. Los agricultores de maíz exigen, además, que el Estado establezca el precio de la tonelada de maíz en S/ 1,200. Unos sostienen que la tonelada de maíz ha caído de S/ 1,000 a S/ 850.

La problemática situación de los maiceros, tanto como de los paperos y de otros pequeños agricultores, es común por la existencia de numerosos minifundios, la falta de asociatividad entre ellos, la ausencia de titulación, los déficits de infraestructuras y el pésimo sistema de información de precios y de producción por parte del Estado.

El crecimiento del minifundio es alarmante en el sector agrario. Según el Censo Agropecuario 2012, en 1993 existían 1.7 millones de unidades agropecuarias, mientras que ahora superan los dos millones. Lo dramático de los minifundios es la extensión promedio de solo dos hectáreas, mientras que en 1993 era de 3.2 hectáreas. Mientras en Piura, Ica, Lambayeque y otros departamentos costeros la agroindustria ofrece resultados espectaculares en extensos territorios agrícolas, haciendo retroceder ostensiblemente a la pobreza; en la sierra y selva los minifundios permanecen y se multiplican, haciendo imposible producir en la cantidad y calidad que el mercado demanda. Y la pobreza subsiste.  

Las demandas de los dirigentes de los paperos y maiceros es el típico discurso de los años setenta. El Sistema Nacional de Movilización Social (Sinamos), el brazo político de la revolución socialista de Juan Velasco (1968-1975), se encargó de extender la idea de un estado paternalista que debería resolver la vida de las personas. Mercantilismo y socialismo que empobrecieron al país y que dejaron recetas nefastas sobre cómo producir cualquier cosa con el respaldo del Estado. Así se crearon subsidios, prebendas, control de precios, corrupción atraso y descapitalización para favorecer a los mercantilistas que viven del Estado. Una situación que hasta ahora no cambia.

El Estado otra vez se encuentra en una situación de salvataje que volverá a romper el modelo económico elegido hace 25 años: de mercado libre y competencia para favorecer a los consumidores con productos de mejor calidad/precio. Una coyuntura generada por la producción desmedida, el derrumbe de los precios en las chacras y el dominio de los intermediarios. Para los productores en huelga la solución es simple: exigir que el Estado compre su producción de maíz y cancele la importación de este producto. Es decir, los agricultores le piden al Estado que los proteja de la competencia. Y eso es inconcebible en los mercados libres.

Ya lo habíamos escrito antes. Ayer fue la papa, hoy el maíz y mañana será la zanahoria, trigo y naranjas. Y esto no acabará, con el Estado protegiendo a unos cuantos y desprotegiendo a las inmensa población.  

Los maiceros aducen lo mismo que los paperos, que los precios de sus productos en la chacra están por debajo del mercado; y han formado una mesa de diálogo y exigen la presencia de la ministra de Economía, Claudia Cooper. En este contexto, se resalta la declaración del director agrícola del Ministerio de Agricultura y Riego, José Amaya Castillo. Sostiene que el Estado solo podría propiciar que los agricultores sean más competitivos y que se preparen para ofrecer al mercado mayores volúmenes de maíz.

Como siempre, el radicalismo antisistema ha hecho suya la protesta y se infiltra para ocasionar violencia y daño. Los dirigentes de los maiceros paperos piden declarar el estado de emergencia en todo el sector agricultura y que los gobiernos regionales les compren la producción de maíz. Lo que significa subsidiar el maíz con el dinero de todos los peruanos. El Estado no debería intervenir en los riesgos de los emprendimientos privados. Hacerlo significaría la extensión de su poder en contra de la mayoría.