Los tributos y el Estado de la trampa de ingreso medio

El gobierno del presidente Martín Vizcarra ha demostrado su voluntad de corregir la trayectoria fiscal dejada por la administración PPK: caída de la recaudación tributaria y un preocupante déficit fiscal que puede encender las luces rojas de las calificadoras de riesgo. Si a esto le sumamos el lento crecimiento de la deuda pública, que se acerca al 30%, entonces los desvelos del nuevo Gobierno están plenamente justificados y revelan una clara voluntad de gobernar.

Sin embargo, la desesperación nunca contribuye al buen gobierno. A estas alturas es incuestionable que el Ejecutivo pretende corregir el desastre fiscal apretando solo al 45% de empresas y personas naturales que tributan, del total de contribuyentes. Más de la mitad de los potenciales contribuyentes está en la informalidad. En otras palabras, menos de la mitad de peruanos asume doble responsabilidad fiscal ante el Estado. Con esta visión, ¿se puede relanzar el crecimiento e incrementar la recaudación en el mediano plazo? Es incuestionable que no.

El razonamiento es sencillo. Si la inversión privada ha estado cayendo (excepto un leve incremento el 2017) en los últimos cuatro años, ¿cómo se puede reactivar en el mediano plazo aumentando los impuestos a esa inversión de la cual dependen los ingresos fiscales? Parece imposible. En ese contexto, el reciente incremento del Impuesto Selectivo al Consumo para las bebidas azucaradas, los combustibles, carros y otros productos, lo único que revela es la desesperación por recaudar en el Ejecutivo. Algo similar parece suceder con la voluntad gubernamental de solicitar facultades delegadas al parlamento para legislar sobre el impuesto a la renta.

Decimos desesperación porque estas medidas solo golpearán los impulsos reactivadores en los mercados, y también porque demuestran la urgencia de plantearle al país una propuesta de reforma tributaria integral, que es uno de los pilares de la reforma del Estado peruano. En otras palabras, el Perú necesita una reforma tributaria que simplifique e integre a todos los regímenes en uno solo, con objeto de incorporar a más de la mitad de peruanos al sistema tributario, y una visión de un Estado más pequeño y eficiente.

El debate de fondo entonces es qué se hace con el actual Estado que divide a los peruanos entre formales e informales. Una primera aproximación elemental es que para atraer a los informales a una nueva legalidad se necesita bajar impuestos y reducir los sobrecostos generales de la legalidad; mientras que al mismo tiempo se reduce el actual tamaño del Estado, que consume cerca del 30% del PBI —extremadamente grande para el tamaño de la economía—, pero que no logra proveer servicios mínimos de calidad.

En este contexto, cuando las autoridades caen en el facilismo de ahorcar solo a quienes tributan se ahondan a los abismos de las economías formal e informal, mientras que se dispara la informalidad. Y los privados, desde las grandes inversiones hasta los informales de Juliaca y Huancayo, comienzan a ver al Estado como el enemigo de sus economías, que solo busca exprimirlos a cambio de nada.

De alguna manera el tipo de Estado que se consolida en el Perú —que el Ejecutivo y el Legislativo se niegan a reformar— es el típico Estado que caracteriza a las sociedades de ingreso medio que, luego de una primera generación de reformas que reducen significativamente la pobreza, se resisten a implementar una segunda ola de reformas. Sin nuevos cambios estructurales, en la sociedad de ingresos medios se llega a la terrible conclusión de que el crecimiento es eterno y se comienza a ajustar a quienes tributan, ignorando las reformas que aumentan competitividad y relanzan el crecimiento. El resultado: se lentifica el crecimiento, se desploma la recaudación y aparece el populismo autoritario.