Las locomotoras de la formalización del minero artesanal

Censo de mineros informales a través de plantas de beneficio

Sin duda alguna, el llamado proceso de formalización de la minería artesanal del pasado gobierno nacionalista es un rotundo fracaso. Solo un pequeño porcentaje de los mineros informales se acogió al proceso, con el cual menos del 1% ha logrado formalizarse. El fracaso nacionalista no solo agrava la contaminación de nuestros bosques y ríos, sino que el Estado pierde enormes cantidades en impuestos que podría cobrar, y los bolsones de corrupción se expanden por falta de formalidad.

Y si existen dudas sobre la importancia económica y social de este sector, habría que recordar las declaraciones de don Alberto Benavides de la Quintana, fundador de la minería moderna, quien —en una de sus últimas entrevistas— señaló que los mineros informales representaban a cerca de 400,000 personas y que más de un millón de personas dependían de esta actividad directa e indirectamente. Asimismo, don Alberto aseveró que la minería informal movía alrededor de US$ 2,000 millones al año en ventas de oro y cobre. El problema, pues, es más grande e importante de lo que parece. Se calcula que la minería artesanal produce el 24% del oro total del país, y que entre 3,000 y 6,000 kgs de oro se venden mensualmente como contrabando (principalmente a Bolivia), producto de las normas de formalización dictadas por el gobierno anterior.

No se puede entonces cerrar los ojos ante el problema social de este sector, como lo hizo el pasado gobierno nacionalista. ¿Qué hacer? El primer paso es cambiar la política represiva por un modelo promotor de la formalización. Semejante apuesta implica abandonar la demonización del minero artesanal —que lo considera “al igual que un terrorista o narcotraficante”—, para verlo como un empresario, un emprendedor que no se puede formalizar por los procedimientos costosos, engorrosos y absurdos que han establecido las leyes dictadas para una supuesta formalización. Entender que hay una mala ley antes que un trasgresor es fundamental para avanzar en la solución del problema.

En este camino se debe ubicar el ciclo de la producción artesanal más propicio, desde el cual se pueda empezar la formalización. Y aunque parezca mentira, la solución está frente a nuestros ojos. En la zona de Chala y Nasca se procesa el 80% de la producción artesanal de oro y cobre filoniano a través de plantas de beneficio formales. Ningún minero artesanal puede eludir a las plantas de beneficio porque es la única manera que tienen para procesar su producción. El minero ilegal (a diferencia del artesanal), por el contrario, no necesita de estas plantas porque procesa su producción ilegalmente, contaminando ríos y bosques.

Ubicar entonces a las plantas de beneficio para convertirlas en los principales agentes de formalización es una de las llaves maestras para avanzar en una estrategia de formalización de la minería artesanal. Por ejemplo, a través de las plantas de beneficio formales se podría desarrollar un censo rápido y eficaz del número de mineros informales del país. No hay otra manera más eficiente. De otro lado, con la consiguiente formalización, la recaudación tributaria se facilitaría considerablemente, vía retención, y la fiscalización se concentraría en esta etapa de la transformación del mineral.

En otras palabras, todos ganarían con una estrategia que empezará por convertir a las plantas de beneficio en las locomotoras de la formalización. También ganaría el medio ambiente, porque las plantas formales garantizan cero contaminación. El Estado tendría información confiable para saber dónde hacer interdicción, no como sucede ahora que golpea a ciegas, principalmente, a los mineros artesanales informales.

Ganaría también el Estado porque, sin incurrir en costo alguno, incrementaría rápidamente sus posibilidades de recaudar impuestos en una actividad que mueve —según don Alberto Benavides— nada menos que US$ 2,000 millones. También ganaría el minero artesanal que tendría la posibilidad de seguir creciendo en un clima de armonía. Y ganaría el Perú y la sociedad entera, porque evitaríamos conflictos sociales innecesarios. La decisión está en manos del Ejecutivo.