¡La tragedia de la minería paralizada!

Revelador informe del IPE señala que el Perú perdió US$ 67,OOO millones.

En este Portal hemos sostenido que el radicalismo anti minero y la izquierda intelectual siempre han apuntado en contra de las inversiones mineras porque representan una de las columnas vertebrales del modelo de economía abierta. La estrategia es simple: ralentizar el crecimiento para reducir menos pobreza, acrecentar el pesimismo, y propiciar el retorno de las fórmulas estatistas. Creemos que no nos equivocamos.

Un revelador informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), que fue difundido por el diario Perú 21, nos describe la magnitud de la tragedia nacional por la parálisis de un tercio de la cartera de proyectos mineros desde el 2010 hasta la actualidad.

Las inversiones bloqueadas por conflictos socio ambientales o la llamada tramitología suman US$ 21,500 millones. Una frivolidad inexplicable en un país con más de 20% de su población debajo de la línea de la pobreza.

Si los proyectos paralizados hubiesen entrado en construcción habrían aumentado el tamaño de la economía en US$ 31,000 millones.  El IPE  calcula que la suma de las pérdidas por los proyectos postergados representa US$ 67,000 millones. Y, en promedio, el país dejó de crecer 2.3% anual.

En otras palabras, si el radicalismo anti minero y la ineficiencia política y estatal no hubiesen convergido para bloquear estas inversiones,  la llamada estrella de América Latina nunca habría dejado de brillar. La desaceleración se habría sentido, es verdad, pero apenas, realmente apenas. Por ejemplo, el 2014 en vez de crecer 2.4% habríamos sobrepasado tranquilamente el 5% de expansión económica.

Pero lo más grave de todo es que la pobreza no se habría reducido solo a 22.7%, sino que habría caído a 17%. Es decir, alrededor de 2 millones de personas habrían abandonado la condición de pobres. ¡Todo un verdadero crimen social!

De una u otra manera la izquierda ha creado una especie de tenaza ideológica y política para ahogar los proyectos mineros en el país. Por un lado, la izquierda intelectual construye el relato del “fin del superciclo de los commodities” con el objeto de agregar “racionalidad” a la suspensión de las inversiones mineras. Nadie puede negar que los precios de los minerales han bajado, pero es evidente que hoy todavía están cuatro veces más que en los noventa. El profesor Jürgen Shuldt, por ejemplo, no se puede explicar cómo la Southern Perú insiste en Tía María pese a los notorios sobrecostos. La respuesta es simple: el proyecto sigue siendo rentable.

El otro brazo de la tenaza contra la minería es la prédica seudo-ambiental del radicalismo anti minero. Las leyendas, los hechizos y los embrujos de Tierra y Libertad contra los proyectos Conga y Tía María son ejemplos paradigmáticos. Desde los psicosociales de la contaminación de las “cabeceras de cuenca” en Cajamarca hasta “el polvo de los tajos”, “la lluvia ácida” y “la desalinización contaminante” en Arequipa.

La izquierda, pues, pretende lentificar el crecimiento para marcar la hora del estatismo. Pero en ese afán se torna en una fuerza en contra de la reducción de la pobreza, tal como lo demuestra el informe que comentamos. De otro lado, la izquierda económica tiene el deber y la responsabilidad de responder a las cifras y datos que ha puesto sobre la mesa la investigación del IPE. Veremos si ella sigue considerando a las matemáticas una de las abstracciones más confiables del mundo moderno o, como la izquierda radical anti minera, opta por la hechicería.