La minería y los conflictos sociales

Ancash y Apurímac lideran informe de Defensoría del Pueblo

En último informe (Reporte 157 sobre Conflictos Sociales) publicado por la Defensoría del Pueblo se sostiene que la mayor parte de los conflictos sociales —alrededor del 66%— se registran en el sector minero. Es decir, este sector genera alrededor de dos tercios de los conflictos sociales del país. Ancash, Apurímac y Cajamarca son las regiones donde existe mayor número de conflictos sociales.

A nuestro entender, los conflictos sociales, sobre todo en el sector minero, persisten porque el Estado ha sido incapaz de llegar a todos los rincones del Perú, a los andes serranos y a las llanuras amazónicas. A pesar de los ingentes presupuestos públicos que se han obtenido por la venta de materias primas y del crecimiento económico de los últimos 25 años, el Estado y sus autoridades no han logrado mejorar la calidad de vida a través de política públicas. Es en este contexto que surge el movimiento antiminero de viejo cuño izquierdista, que se organiza en pequeños grupos para azuzar a la población, armar falsos relatos y oponerse a los sectores extractivos con el único objetivo de conducirnos al desastre estatista.

Ahora bien, resulta paradójico que sean Ancash y Apurímac las regiones que lideren este ranking, sobre todo porque en ambas regiones se ubican proyectos mineros que están entre los más grandes del Perú: Antamina y Las Bambas, respectivamente. Ambos proyectos mineros están también dentro de las cinco minas más grandes del mundo. Al final del 2017, Las Bambas espera producir entre 420,000 y 460,000 toneladas métricas de cobre, que representaría alrededor de 18% de la producción peruana de este metal. En tanto que Antamina espera producir 430,000 ™; es decir, alrededor del 16% del cobre peruano.

Cabe resaltar que el movimiento antiminero le ha colocado la mira al Corredor Minero del Sur, que produce más del 40% del cobre nacional y concentra el 60% de la cartera de proyectos mineros del Perú (US$ 63,000 millones). Además de Las Bambas, en esta área —que abarca, como ya se dijo, los departamentos de Cusco, Apurímac y Arequipa— se emplazan los proyectos de Antapaccay (US$ 1,400 millones), Constancia (US$ 1,700 millones), Ampliación de Cerro Verde (US$ 5,600 millones) y Tía María (US$ 1,400 millones).

La minería moderna ha resultado vital para el desarrollo de Apurímac y Ancash. En esta última región, entre el 2011 y el 2016, la transferencia por canon ha sido alrededor de S/ 6,000 millones. Solo en el 2016 ha sido cerca de S/ 320 millones. De allí que el ingreso per cápita de canon haya sido de S/ 350. ¿Qué peruano de buena voluntad puede negar la contribución de la minería moderna en Ancash?

En Apurímac han sido tres las vías por las que la minería moderna ha impactado en el crecimiento económico y el progreso social. La primera es a través de la generación directa de empleos, la segunda es a través de la creación de puestos indirectos (servicios, transportes) y la tercera es con los tributos y el canon. Pues bien, gracias a esas tres contribuciones hoy en Challhuahuacho, Fuerabamba y Tambobamba se ha generado un poderoso círculo virtuoso económico. De allí, por ejemplo, que en tan solo cinco años la pobreza haya disminuido de forma tan rápida. En el 2010 la pobreza en Cajamarca fue de 62%, en tanto que en el 2015 fue 39%. Una disminución de veinte puntos porcentuales en un quinquenio.

El gobierno pepekausa debe poner todas las alarmas sobre el último reporte de la Defensoría del Pueblo y echar a andar los motores de la minería moderna, sector de vital importancia para las venas económicas del país y para la reducción de pobreza en muchas regiones.