La minería ayuda a eliminar la pobreza

No existe la menor duda de que la minería es el pilar más importante de la economía nacional. Es el sector que lidera las exportaciones y los aportes a la renta nacional, y el que —junto al sector agrario— fomenta más el trabajo directo formal y el trabajo indirecto en numerosas empresas de servicios y de bienes (por ejemplo en el sector metalmecánico), que ayudan a la gente a salir de la pobreza en distintos lugares del país.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el tercer trimestre del presente año la economía nacional tuvo un crecimiento de 2.5%. Las estadísticas muestran que son, básicamente, las regiones mineras las que más han aportado a ese crecimiento. Esas regiones son Apurímac (9.3%), Arequipa (9.0%), Loreto (7.0%), Lambayeque (6.1%), Áncash (5.9%), Junín (5.3%), La Libertad (2.6%) y Lima (1.1%).

La producción de cobre y sus concentrados es el principal recurso mineral en Apurímac (La Bambas), Arequipa (Cerro Verde), Áncash (Antamina), Junín (Toromocho) y Cusco (Antapaccay). También aportan sustancialmente los concentrados de Molibdeno en Arequipa (Cerro Verde) y Junín (Toromocho); así como el oro en Apurímac (Anabi) y Áncash (Misquichilca), la plata en Apurímac (Anabi) y Áncash (Antamina), y el zinc y el plomo en Áncash (Antamina).

De acuerdo a las estadísticas del INEI, a nivel nacional el gasto real per capita ha evolucionado de S/ 576 en el 2007 a S/712 en el 2017; pero el gasto real 2016 de la costa (S/ 834) sigue estando por delante del de la sierra (S/ 573) y de la selva (S/ 535). De acuerdo a los datos del 2016, el INEI distingue seis grupos de regiones por niveles de pobreza. El primer grupo lo conforman Cajamarca y Huancavelica, donde la pobreza fluctúa entre 43.8% y 50.9%. El segundo grupo incluye a Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Loreto, Pasco, Piura y Puno, donde la pobreza está entre 32.4% y 36.1%. El tercer grupo está conformado por Áncash, Cusco, La Libertad y San Martín, con la pobreza fluctuando entre 20.6% y 24.7%. El cuarto grupo lo integran por Junín, Lambayeque y Tacna, con índices de pobreza entre 14.0% y 18.1%. El quinto grupo está conformado por Arequipa, Madre de Dios, Moquegua, Callao, Lima (provincia y región), Tumbes y Ucayali, con índices de pobreza entre 9.6% y 12.0%. Y por último está la región Ica, con índices de pobreza entre 1.8% y 4.3%.

¿Qué nos indican todas estas cifras? Que los mayores índices de pobreza nacional se encuentran en regiones como Cajamarca, donde la actividad minera ha sido detenida por consignas ideológicas antisistema. Si el ambientalismo político persiste en detener las inversiones mineras, los poblados seguirán manteniendo esos altos índices de pobreza que muestra el INEI. Por ejemplo, aun cuando el proyecto Michiquillay ya tiene aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), existe la amenaza de detenerlo con el argumento falso de que afectaría la cuenca del río La Encañada.

A esto se suma el cuentazo de las cabeceras de cuenca, promovido por Marco Arana y el Frente Amplio, que incluso se ha convertido en la Ley N° 30640, Ley de Recursos Hídricos, que haría que sobre los 3,000 metros sobre el nivel del mar no se pueda realizar ninguna actividad minera. El relato falso de los antimineros dice que para garantizar la disponibilidad de agua para el consumo humano, agricultura y ganadería, se debe preservar los acuíferos subterráneos y los nacientes de los ríos. Argumentos equivocados que niegan la posibilidad de construir —como debe ser— represas y reservorios para acumular agua y disponer de ella todo el tiempo, y no solo en épocas de lluvia. Esta ley de Recursos hídricos ha sido concebida para perpetuar la pobreza en aquella regiones cuya riqueza mineral puede hacer que sus pobladores alcancen niveles altos de crecimiento y desarrollo.