Editorial Economía

La gran batalla por la formalización

La gran batalla por la formalización
  • 30 de septiembre del 2014

Sobre la propuesta de ADEX para acabar con sobrecostos que crean informalidad

En medio de la terrible verdad que nos dice que la economía apenas sobrepasará el 3% de crecimiento del PBI en el 2014, comienza a vislumbrarse la posibilidad de algunos consensos que nos pueden permitir reanimar el crecimiento y mejorar la salud de nuestra democracia. Hablamos obviamente de las grandes batallas que tenemos que librar para formalizar a cerca del 60% de la economía que no participa plenamente de la “legalidad económica oficial”.

Todas las propuestas de un potencial movimiento formalizador apuntan correctamente a poner al Estado en el banquillo de los acusados. Ya no se trata de demonizar ni de cargarle las culpas por el fracaso del Estado a los informales. Una gran noticia. Ese es el espíritu, por ejemplo, de las interesantes propuestas de la Asociación de Exportadores (ADEX) sobre una reducción del IGV de dos puntos por año, hasta llegar a una tasa del 10%, y también del Impuesto a la Renta de tercera categoría de 30% a 15%. Es decir, se propone reducir impuestos para que la carga tributaria se accesible para todos.

El mismo espíritu se advierte en las propuestas de ADEX sobre el régimen laboral: 7 días de vacaciones los primeros 5 años, que luego se incrementarían a 15, de acuerdo a estándares latinoamericanos; medio sueldo dos veces al año por gratificaciones, y medio sueldo por año, hasta un máximo de seis remuneraciones, por despido injustificado. Algo más sobre la flexibilización del régimen laboral: en un reciente encuentro de 5 institutos de investigación se señaló que un 20% de alrededor del 60% de informalidad de la economía se explica por la rigidez laboral. Asimismo, se sostuvo que, a diferencia de las economías desarrolladas, en el Perú casi no existen medianas empresas de entre 40 y 100 trabajadores por los altos costos laborales.

Se trata pues de cortarle los dientes al Estado, en el opresivo sistema tributario y la asfixiante legislación laboral, para desatar la revolución de la formalización de la economía. Algunos proponen que las empresas paguen renta desde una determinada etapa de capitalización, de modo que se puedan convertir en medianas mientras se formalizan con el IGV. Todos los consensos indican que estas reformas ampliarían la base tributaria y elevarían la recaudación, formalizarían a las empresas de los mercados populares y protegerían a cerca del 80% de los trabajadores, que hoy carecen de beneficios sociales y que están fuera de los fondos previsionales.

La potencia de este movimiento formalizador de los capitales y la inversión de los mercados populares reside en los centenares de miles de empresarios y trabajadores que se beneficiarían con las reformas. Si los partidos políticos y los gremios empresariales se ponen a la cabeza de estas medidas, se crearían los bases y los puentes para una convergencia entre el sector formal e informal. Pero avanzar en esa ruta significa terminar con esas absurdas interpretaciones que antes de definir al informal como un empresario imposibilitado de asumir los sobrecostos legales se le califica de vulgar trasgresor de la ley.

Quizá la desaceleración económica y los tristes reportes de los rankings internacionales, que colocan al Perú como un país que pierde competitividad de manera acelerada y preocupante, produzcan la reacción social, política y cultural que nos lleve, de una vez por todas, a librar la batalla por formalizar el Perú. Una vez más, más allá de que algunos lo nieguen, una de las principales energías del mercado y la democracia provendrá de los mercados populares del país.

(30 Set 2014)

  • 30 de septiembre del 2014

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