Editorial Economía

La formalización minera en espera

Esperanza por cambios en burocracia de Energía y Minas

La formalización minera en espera
  • 28 de marzo del 2017

Esperanza por cambios en burocracia de Energía y Minas

Si bien es cierto que las emergencias y la reconstrucción de la infraestructura nacional dañada por las lluvias y huaicos seguirá siendo una prioridad nacional, es evidente que otros temas que tienen que ver con la gobernabilidad no pueden dejar de abordarse. Uno de esos problemas acumulados es el del proceso de formalización minera, un tema social de enormes magnitudes que algunos prefieren ignorar.

Al respecto, siempre vale recordar las últimas declaraciones de don Alberto Benavides de la Quintana, fundador de la minería moderna en el Perú, quien señaló que los mineros artesanales sumaban alrededor de 400,000 personas, que un millón de peruanos dependían de esta actividad y que la producción anual de oro y cobre informal era de de US$ 2,000 millones.

Pero eso no es todo. Según el Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank, los mineros artesanales producen más oro que muchas grandes empresas. Tomando como base a cifras del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), entre enero y setiembre del 2016 solamente los mineros informales de las regiones de Madre de Dios, Puno, Arequipa y Piura produjeron 19.1 TM de oro. Ese volumen es superior a las 15.4 TM que históricamente ha producido Yanacocha, por ejemplo.

El problema de la formalización minera, pues, tiene dimensiones que solo la estulticia puede negar. Con el retraso del proceso pierde el Estado porque deja de cobrar impuestos, el medio ambiente por falta de fiscalización y los propios mineros informales porque no pueden seguir creciendo. Sobre el tema, la administración PPK ha promulgado diversos decretos que representaban avances frente a la legislación del pasado gobierno humalista, que solo pretendía criminalizar y excluir de la legalidad a los mineros artesanales.

En este contexto, en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) se ha designado como director general de la Formalización Minera a Máximo Gallo Quintana, en reemplazo de Alessandra Herrera, considerada la mano derecha del ex ministro del Medio Ambiente del nacionalismo, Manuel Pulgar Vidal. La designación de Gallo ha desatado cierto optimismo en las organizaciones de mineros artesanales porque Pulgar Vidal y Herrera, en realidad, desarrollaron todas las políticas que buscaban excluir a los mineros artesanales de la legalidad.

El nuevo director general de Formalización Minera del MINEM, entonces, deberá hilar fino para lograr un camino seguro hacia la formalización de los mineros artesanales. Una de las papas calientes de este proceso es la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo 1336, promulgado por la administración PPK, en el que se prohíbe al pequeño minero comprar minerales de terceros. En realidad semejante prohibición propone que el minero artesanal extraiga el mineral y lo procese en una planta propia. En otras palabras, que se convierta en mediano o gran minero.

Para entender el tamaño del yerro de la mencionada disposición, vale recordar que los mineros artesanales solo pueden vender su producción a las más de cien plantas de beneficios formales e informales que logran procesar en total alrededor de 2,500 toneladas para extraer oro, mientras que una compañía grande procesa más de 540,000 diariamente. ¿No se debe entonces derogar esta norma? La cosa está clarísima.

Otros temas que el nuevo hombre fuerte de la formalización minera debe tramitar es el papel de la Superintendencia de Administración Tributaria, que solo busca recaudar ingresos al margen de cualquier política formalizadora; el papel del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que solo busca sancionar al margen de cualquier criterio de formalización; y por supuesto, el intento de criminalizar la actividad de los mineros artesanales manteniendo en la actual legislación el criterio de que “la minería ilegal” debe ser considerada como parte de los delitos de crimen organizado. Nunca los problemas sociales se han resuelto en las comisarías.

La gran ceguera de quienes pretenden excluir a los mineros informales de la legalidad es que no son conscientes de que, en la práctica, empujan a uno de los sectores sociales más poderosos del país, de naturaleza proempresarial y procapitalista, para que caiga bajo la influencia de las propuestas antisistema.

  • 28 de marzo del 2017

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