Inversión y propiedad para la Amazonía

Sobre la depredación de nuestros bosques amazónicos empobrecidos

En el 2014 se registró la mayor deforestación de bosques amazónicos de los últimos 13 años: 177,000 hectáreas (Ha) depredadas, una cifra que supera el promedio anual de pérdida de esos bosques, que es de 113,000 Ha. El problema se ha agravado tanto en los últimos dos años que el gobierno ha conformado una Comisión Multisectorial que deberá elaborar una estrategia nacional de conservación de bosques. Se calcula que hasta el año pasado han sido depredadas en total unas ocho millones de Ha de nuestra Amazonía.

La decisión del MINAM es necesaria y positiva, pero su éxito dependerá del enfoque se que se le dé a dicha estrategia. Si se opta, por ejemplo, por la política que promueve que los bosques sean santuarios intocables sería muy difícil contener la deforestación porque el estado no tiene capacidad para protegerlos y porque esa alternativa no ataca las verdaderas causas del problema. ¿Cuales son estas?

Una de las causas principales es la pobreza extrema, que empuja a las comunidades amazónicas a participar de la tala ilegal por no tener otra fuente de ingresos ni protección del estado; y a los migrantes andinos a arrasar bosques para hacer agricultura de subsistencia o sembrar coca.

Otras causas son la falta de infraestructura vial, y la ineficiencia y corrupción en el estado. Funcionarios públicos corruptos les dan a los traficantes las guías de tránsito que les permite “blanquear” la madera ilegal y llevarla a los mercados. Los organismos estatales encargados de combatir la tala ilegal son incapaces de contener a las mafias de taladores clandestinos.

Pero las causas principales son sin duda la falta de inversiones privadas que pongan en valor los recursos naturales de la Amazonía y de derechos de propiedad que les permitan a las comunidades nativas participar y beneficiarse de esas inversiones.

El programa de conservación de bosques debería partir de este enfoque para tener éxito, es decir, debería promover la inversión privada en la explotación de recursos forestales, ecoturismo y biodiversidad, eliminando las trabas burocráticas que la desalientan; y también debería reconocer los derechos de propiedad de las comunidades nativas.

Un primer paso positivo que podría dar el gobierno en esa dirección sería la cancelación de las concesiones forestales vigentes, que han fracasado de manera estrepitosa, y la entrega inmediata de las mismas a empresas con solvencia financiera y experiencia en el rubro.

Para tener una idea del potencial forestal de nuestra Amazonía basta recordar que si se explotara solo el 10% de sus bosques maderables disponibles -unas 100,000 hectáreas- en poco tiempo se produciría unos US$5,000 millones en madera de excelente calidad, acumulada por la naturaleza en siglos; más miles de empleos nuevos, con lo cual se desplazaría a la agricultura ilegal de coca en la selva.

Las concesiones operan en la práctica como zonas de conservación de bosques, pues extraen solo una cantidad limitada de árboles maduros que son reemplazados por nuevos plantones. Esta es una actividad económica sostenible que garantiza la preservación de los bosques, que hoy son depredados por los taladores ilegales.

La extracción de árboles maduros le permitiría además al Perú captar incentivos económicos que otorgan los organismos internacionales de protección ambiental, ya que los árboles viejos ya no producen oxígeno y más bien emiten dióxido de carbono al descomponerse.

La deforestación de la Amazonía puede ser frenada y revertida, pero no con más burocracia, sino con inversión privada y derechos de propiedad para acabar con la pobreza de los pueblos amazónicos.