Economía

Indecopi tiene la palabra

Indecopi tiene la palabra
  • 09 de abril del 2015

Sobre el diferendo entre el estado y el sector minero por el Aporte por Regulación a la OEFA       

A solo once días para que el Indecopi falle en segunda instancia la demanda interpuesta por cuatro compañías mineras contra el Aporte por Regulación (APR) obligatorio de las mineras al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la ratificación de esa sentencia sería una buena noticia para el país en circunstancias en que todos señalan la necesidad de destrabar casi US$30,000 millones de inversiones en minería, petróleo y energía. Semejantes emprendimientos están paralizados por la ofensiva de los radicales antimineros y las sobrerregulaciones ambientales que todavía persisten no obstante los esfuerzos del Gobierno por agilizar los procedimientos.

El 14 de octubre pasado, Indecopi falló en primera instancia declarando inaplicable el APR por ser una barrera burocrática, lo cual significa que la OEFA estaría cobrando ilegalmente por ese concepto y eventualmente tendría que devolver ese dinero. Esta decisión ha sido apelada por la OEFA y por eso será vista en segunda instancia, el 20 de este mes, por el tribunal de Indecopi.

Dicho aporte (0.15% de las ventas totales de las empresas) parece uno más de tantos obstáculos que ha venido imponiendo la administración actual del Ministerio del Ambiente a la inversión privada en recursos naturales, sobre todo a la minería, por la influencia del ecologismo radical en ese Sector. Obstáculos como la imposición de estándares de calidad ambiental exorbitantes o la multiplicación de estudios de impacto ambiental y de los trámites para su aprobación, por citar solo dos de las medidas que tienen paralizadas diversas inversiones en minería, energía e hidrocarburos.

El titular del  MINAM, Manuel Pulgar Vidal, defiende el APR alegando que es indispensable para que la OEFA cumpla su labor evaluadora y fiscalizadora. Sostiene además que el APR está respaldado por cuatro leyes. Respecto a lo primero, las empresas mineras señalan que el dinero que desembolsan por el APR supera largamente lo que gasta la OEFA en esas actividades. El propio presidente de ese organismo, Hugo Gómez, dijo hace poco que el 2012 la OEFA realizó inspecciones por S/.2 millones y el año siguiente por S/.20 millones; sin embargo, solo en el 2014 recaudó S/.109 millones por el APR. Quiere decir que el sector privado no solo financia las inspecciones sino también otros gastos que deberían ser sufragados por el estado, como por ejemplo los S/.21 millones que transfirió la OEFA al MINAM para financiar la COP20 del ministro Pulgar Vidal. ¿Es esto admisible cuando se necesita atraer inversiones y no alejarlas?

En lo que respecta al sustento legal del APR, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Carlos Gálvez, ha respondido citando a Montesquieu: “Una cosa no es justa por el solo hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa”. Gálvez ha señalado además que el APR es tan arbitrario que se han tenido que dar cuatro leyes para justificarlo. Huelgan comentarios.

Al respecto, el economista Carlos Adrianzén ha recordado que en el Perú se aprueban unas 50,000 normas legales al año y que eso no garantiza que todas sean buenas y eficientes. Ha advertido además que lo aceptable es que una empresa regulada aporte a un regulador eficiente y transparente, mas no así a un ente que está descapitalizado y tomado por grupos ideologizados que no inspiran confianza, y que incumple su rol, como es el caso de la OEFA.

Y no le falta razón al economista. ya que vemos cómo la minería ilegal contamina por doquier y la OEFA se resiste a fiscalizarla o lo hace tibiamente, lo cual le resta credibilidad. Lo mismo ocurre en el caso de los entes estatales que contaminan ríos y lagos con basura y desagües.

En este contexto, es de esperar que el Indecopi ratifique el fallo que declara inaplicable el APR. Por lo demás, el gremio empresarial, como lo ha dicho Carlos Gálvez, está dispuesto a pagar un aporte por las inspecciones que hace la OEFA a las empresas, pero ni más ni menos. Si el estado quiere financiar más COP20, que lo haga con su plata.

  09 - Abr - 2015  

  • 09 de abril del 2015

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