¿Hasta cuándo pobres sin agua potable?

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, en su presentación en el Congreso de la República —para conseguir la investidura— ha dicho que el Gobierno tiene planeado invertir entre el 2018 y 2021 un monto de S/ 180,000 millones en los tres niveles de gobierno, lo que permitiría reducir la brecha existente de infraestructura nacional. Según el ministro, eso será posible mediante un plan agresivo de inversión pública, para lo cual ya se ha asignado a los Gobiernos Regionales S/ 2,000 millones para la ejecución proyectos con expedientes técnicos listos.

Argumentando que el agua es un derecho de todos los peruanos, el premier Villanueva se ha propuesto alcanzar en los próximos tres años una cobertura de acceso al agua del 85% en los sectores rurales y del 100% en los sectores urbanos. De acuerdo a la publicación Reflexionar hoy para construir el mañana (setiembre 2017), de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (Afin), existe una brecha de infraestructura en el sector de agua y saneamiento de US$ 16,000 millones.

No está claro todavía si para reducir la brecha existente en infraestructura el Gobierno extenderá la participación de las Asociaciones Público Privadas (APP) y Obras por Impuestos (OxI), mecanismos de inversión privada que facilitan enormemente el desarrollo del país. De acuerdo a las cifras expuestas por el Premier, la inversión pública es insuficiente; aún así, el primer ministro no dijo una sola palabra sobre las APP y OxI durante su exposición en el Congreso.

Creemos que el objetivo del premier Villanueva será inviable si insiste en la participación exclusiva de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) para brindar agua potable y saneamiento a la población. Actualmente la deuda a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributarias (Sunat) y al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) de las 50 EPS del país asciende a más de S/ 2,000 millones. Tal situación descalifica a las Entidades y hace inviable su competencia financiera y técnica para enfrentar el reto propuesto por Villanueva. Además, las EPS se han convertido en la caja chica de los alcaldes y en el centro laboral idóneo para devolver los favores políticos recibidos durante las campañas electorales.

La situación del agua y servicios de saneamiento debe revertirse con la participación de la inversión privada. Pero a contracorriente de la alternativa proinversión, en el Congreso de la República se ha modificado el Decreto Legislativo N° 1280, que buscaba promover la inversión privada para modernizar la gestión de las EPS. Por la Ley N° 30672 las APP solo podrán invertir en proyectos de tratamiento de aguas residuales y no en proyectos vinculados a la construcción de plantas y redes de agua potables.

La modificación de Decreto Legislativo N° 1280 no puede ir en contra de los más pobres. Los indicadores son claros: el país necesita con urgencia plantas de tratamiento de agua potable y aguas servidas, con sus respectivas redes de distribución y recolección. Según el Instituto de Estadística e Informática (INEI) en el 2016, por ejemplo, el 32.9% de la población, un aproximado de 10.36 millones de personas, no consumía agua potable. Asimismo, los indicadores de Afin nos dan una idea de la situación de abandono que sufre el país. Son 8.7 millones de peruanos los que no tienen servicios de alcantarillado en sus viviendas.

Como se aprecia, el sector agua y saneamiento debería estar en emergencia. El Perú necesita movilizar a la inversión privada para resolver esta dramática situación.