Frustrando la formalización minera

Informales deben acreditar cinco años en actividad

En este portal no nos cansaremos de insistir en la importancia para el futuro de la democracia y la economía de mercado que tiene la formalización de miles de mineros informales del Perú, porque, de una u otra manera, con el éxito de esta apuesta se dejará en claro que la libertad económica, la propiedad y los derechos empresa surgieron para acabar con las exclusiones.

El minero informal en el Perú no es sino el campesino, el propietario de la superficie de la tierra, que contempla cómo el Estado —dueño del subsuelo— se llena los bolsillos cobrando impuestos a las compañías mineras; pero ese estado es absolutamente incapaz de redistribuir la riqueza mediante carreteras, colegios y postas médicas en las comunidades adyacentes a los proyectos mineros. Ante esta situación, el campesino tiene dos opciones: protestar ante el abandono estatal, sumándose a las prédicas de los radicales antimineros, o cavar su propio hueco y dedicarse a la minería informal. De allí la enorme importancia de entender el fenómeno social, sobre todo cuando detrás del minero artesanal está el empuje proempresarial y procapitalista de la economía de mercado.

A pesar de estas consideraciones, en los últimos decretos legislativos existen verdaderas bombas de tiempo en contra del proceso de formalización minera. Por ejemplo, en el Decreto Legislativo 1293 se establece que el Registro Integral de Formalización Minera solo se considera como parte del proceso de formalización a los productores artesanales inscritos en el Registro de Saneamiento y en el Registro Nacional de Declaraciones de Compromiso.

Para entender la dimensión del error vale señalar que solo cerca de 70,000 mineros artesanales formularon una declaración de compromiso, de los cuales 30,000 pasaron a la etapa de saneamiento y solo 15,000 lograron sacar el RUC. Si consideramos que en el Perú existen alrededor de 400,000 mineros artesanales, ¿cómo se puede hablar de un proceso de formalización inclusivo? Es evidente que no.

El mencionado decreto establece que los productores artesanales que no hayan firmado la declaración de compromiso de formalización podrán incorporarse al proceso siempre y cuando acrediten cinco años de actividad en la minería informal. La pregunta que surge es, ¿cómo un minero informal puede acreditar cinco años en la actividad? ¿Acaso un informal puede acreditar su informalidad?

El sinsentido de la norma es más que evidente y revela que los duendecillos que consideran que la economía de mercado es solo para algunos se dieron maña para contrabandear ciertos artículos que terminarán bloqueando las buenas intenciones del Gabinete Zavala en cuanto a la formalización de los productores artesanales.

Pretender excluir a los mineros informales de la legalidad es un gravísimo error, sobre todo para quienes se reclaman defensores de la democracia y la economía de mercado. Siempre vale recordar las enseñanzas de la historia, y una de ellas nos señala que las revoluciones anticapitalistas no la desarrollan los pobres y los menesterosos, sino los pequeños empresarios, los pequeños capitalistas, que reaccionan en contra del orden establecido por la voluntad de excluirlos del proceso de creación de riqueza.

Si consideramos que el Perú viene enfrentando una clara reacción anticapitalista desde las elecciones del 2006, del 2011 y del 2016, a estas alturas, ¿a quién se le ocurre intentar bloquear el proceso de formalización minera? Es una irresponsabilidad, una verdadera locura, que favorece a las fuerzas antisistema.