Estrangulando a la inversión minera

“En la actualidad las empresas mineras que operan en Perú deben cumplir 265 normas y reglamentos diferentes, en comparación con los 2 que ejecutaban en el 2001”, aseguró la ministra de Energía y Minas de Perú, Cayetana Aljovín. Toda esa cadena de normas y reglamentos, de la que habla la ministra Aljovín, debe ser observada teniendo en cuenta que la minería es un pilar importante en el proceso de reducción de pobreza y la conversión del Perú en una sociedad de ingresos medios.

Según Macroconsult, la minería representa el 60% del total de exportaciones, suma más del 15% del total de recursos tributarios recaudados, representa el 30% del total del impuesto corporativo a la renta y suma el 21% del total de la inversión privada. Además vale señalar que un 13% del PBI corresponde a la actividad minera, y que el 50% de la contribución en renta declarada en este sector se destina al canon de las regiones, provincias y distritos. Es el canon minero el que está sacando de la pobreza al Perú de los rincones; es la minería moderna, la responsable, la que valiéndose de la ciencia y tecnología preserva el medio ambiente. Son los empleos directos e indirectos y las industrias grandes medianas y pequeñas y sus bienes y servicios, generados por la minería, los que dinamizan el impulso emprendedor de la gente en el día a día.

El Ministerio de Ambiente, por RM 157-2011, ha modificado el listado de proyectos sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Antes toda exploración minera estaba sujeto al EIA. Ahora solo seis clases de proyectos de exploración minera de empresas grandes y medianas, y un tipo de proyectos de compañías pequeñas y artesanales, deberán cumplir con el sistema EIA.

Ser posesionario de una concesión minera no es sinónimo de tener derechos para explorar y explotar los minerales contenidos en el denuncio. Se necesitan certificaciones y permisos. Es la llamada “tramitología” que se volvió rigurosa con Humala, con Pulgar Vidal como ministro de Ambiente. Trámites sin sentido y hasta repetitivos, que retrasan los proyectos y desalientan a los inversionistas. Para obtener una licencia de operaciones se necesita Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), otorgado por el Ministerio de Cultura (que confirme la inexistencia de restos arqueológicos en la concesión minera), diversos certificados de las autoridades que administran el agua (licencia de aguas superficiales y subterráneas para fines mineros, agrícolas, ganaderos y humanos) y otras más.

La llamada licencia social es el cuello de botella, es allí donde se relativiza la ciencia y la tecnología, donde los “pepes julios”, dirigentes ideologizados y corruptos, extorsionan a los inversionistas con el cuento de apaciguar a los poblados; y donde ideas falsas, como las llamadas “cabeceras de cuencas”, se vuelven estandartes contra la minería. Los inversionistas deben además presentar legajos de “compromisos” para garantizar que sus proyectos ayudarán al desarrollo de los poblados y sus instituciones, protegerán el medio ambiente, respetarán a las comunidades, cooperarán con el desarrollo económico, y contratarán bienes, servicios y mano de obra de los poblados de influencia, entre otros requisitos.

La llamada tramitología no es la única piedra con la que tropieza el desarrollo minero. También lo es la incertidumbre que caracteriza al funcionario que debe emitir cada documento; y la decisión política que influye en la legislación y que, como en el caso de la calidad del aire —de los ECA, durante el gobierno nacionalista—, detuvo la venta de los activos de la fundición de La Oroya. Lo razonable es agilizar las inversiones. Los funcionarios deben ser empoderados en sus decisiones. Las leyes no deben ser la espada de Damocles contra quienes firman y autorizan los documentos y los acuerdos de las partes.