Estado no subsidiará a productores de papa

El Gobierno central estuvo comprando papas—por intermedio de los gobiernos regionales— luego de una sobreproducción desmedida que hizo caer el precio del tubérculo. Al respecto, el titular del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Gustavo Mostajo, ha dicho que no cree que el problema de sobreproducción se resuelva comprando los productos para volverlos a colocar en el mercado para que, a su vez, compitan con productos similares. Las declaraciones del nuevo ministro, de alguna manera, inspiran confianza. Nos dan a entender que por fin existe en el Gobierno Central una idea clara sobre el principio de autoridad, algo que nunca debe perderse.

El problema de los productores de papa, como de los maiceros y de otros productores agrícolas, radica en los numerosos minifundios que hacen imposible alcanzar los índices deseados de competitividad y productividad. Además de las pequeñas parcelas, de no más de tres hectáreas, juega en contra de los pequeños productores agrícolas la falta de titulación y asociatividad entre ellos, los inexistentes sistemas de información por parte de las autoridades correspondientes y la ausencia de suficiente infraestructura para acercarlos a los mercados de manera oportuna.

Según el Censo Agropecuario 2012, en 1993 existían 1.7 millones de pequeñas unidades agropecuarias. Se estima que ahora deben superar los dos millones, de los cuales el 95% se ubica en la sierra de 19 regiones y el 5% en la costa. Mientras en la costa norte se desarrolla de manera extraordinaria una gran agroindustria —que ha hecho retroceder notoriamente a la pobreza gracias a las inversiones, contrataciones formales y a los sueldos que superan el estándar nacional—, en la sierra todavía subsiste y se multiplican cada vez más las pequeñas parcelas, que hacen más difícil desarrollar una agricultura productiva y competente.

De manera contrario a la exigencia de compra de papa —que se hizo por medio de bloqueos de calles y carreteras en la provincia de Camaná (Arequipa)— más de 4,500 agricultores piden asesoramiento para mejorar sus sembríos. De esa manera, los parceleros del sur podrán mejorar su productividad para obtener mejores rentas. Las direcciones regionales de agricultura tienen, entonces, una larga tarea por delante: ir directamente a cada productor y mostrarles todas las posibilidades productivas y comerciales para evitar el fracaso. Solo así se detendrán los relatos antisistema y que piden más presencia del Estado en el mercado, alegando que las importaciones perjudican a los productores locales.

En el caso de la papa, y de todos los productos dispuestos en los mercados a disposición de los consumidores, el desarrollo comercial debe ajustarse a la libre competencia y sin injerencia del Estado. Es decir, los privados no tienen por qué buscar el apoyo del Estado mediante subsidios, exoneraciones y compra de productos cuando fracasan por gestionar mal sus actividades económicas. Los impuestos pagados por los peruanos —que deben emplearse para construir carreteras, puentes, escuelas y hospitales, y para desarrollar mejores niveles de salud, educación, seguridad y justicia— no pueden ser utilizados de manera populista para favorecer a determinados sectores económicos que presionan mediante las protestas callejeras, o por intermedio de una autoridad que se burla de las normas.

El Estado no puede corromper el modelo económico consagrado en la Constitución de 1993, que desde hace 25 años ha hecho disminuir a la pobreza mediante las inversiones y el mercado libre. La competencia favorece al consumidor. La población debe estar consciente de que todo subsidio y excepción recorta los mejores servicios que el Estado debía ofrecerle. El Estado no está para favorecer a unos cuanto, sino a todos.