Estado de espaldas a la minería artesanal

La ausencia de una estrategia de formalización del minero artesanal y la voluntad de excluir a los productores informales de la legalidad y la economía de mercado están creando un conflicto social de consecuencias políticas impredecibles. La razón es simple: el Estado es el soberano de los yacimientos mineros del subsuelo, pero el campesino es el propietario de la superficie.

Durante el boom minero de los últimos quince años, el Estado se llenó de ingentes recursos —que cobró en impuestos a la minería moderna—, pero no construyó carreteras, escuelas, postas médicas, ni expandió el bienestar en las zonas adyacentes a los proyectos mineros.

En este contexto, surge el antiminero radical que, en vez de denunciar el fracaso del Estado, pretende demonizar a las grandes inversiones con claros objetivos políticos e ideológicos. Ante la ausencia general del Estado, el campesino o el poblador de las zonas adyacentes a los proyectos tiene pocas alternativas. Entre ellas está asumir el discurso antiminero o cavar su propio hueco; es decir, convertirse en minero artesanal.

En el Perú existen más de 400,000 mineros artesanales que suelen ser la avanzada de la exploración minera del Perú. Sin embargo hasta hoy el Estado no ha sancionado una legislación especial para formalizar a los pequeños productores. Por ejemplo, para incorporarlos a la legalidad se ha promulgado un reglamento dirigido más a las causales de exclusión que a una verdadera promoción. De acuerdo a esta normativa, para formalizarse el minero artesanal debe presentar un inventario de las reservas probadas y probables del yacimiento a explotar, las facturas de los últimos cinco años, las declaraciones anuales consolidadas y el respectivo RUC. ¿Qué campesino que ha decidido convertirse en minero artesanal puede presentar semejantes documentos? Es evidente que ninguno.

En este marco, la legislación antes que promover la formalización busca las causales de la exclusión. En esta semana se han publicado normas que demuestran que no se ha comprendido el problema ni la realidad del minero artesanal; por el contrario, estas reglamentaciones señalan el afán de echar por tierra las promesas de un procedimiento de formalización sencillo. El IGAFOM Preventivo y el IGAFOM Correctivo (manuales de procedimiento del sector) solo lo comprenden los técnicos especializados. El Catálogo de Medidas Ambientales consta de 249 páginas, y con su anexo llega a 500, una verdadera locura. Para cerrar el círculo, el sábado el Organismo de Evalaución y Fiscalización Ambiental (OEFA) publica un proyecto de Reglamento de Fiscalización para la pequeña minería en que se privilegia la sanción antes que la promoción de la formalización. Se establecen sanciones desde el 10% de los ingresos anuales e infracciones que implican multas entre 5 hasta 5,000 UIT. Todo un despropósito.

Pero eso no es todo. En la medida en que los mineros artesanales son la avanzada de la exploración en el Perú —es decir, suelen encontrar la ubicación de los minerales— ellos deberían tener facilidades para realizar denuncios mineros ante el Instituto Geofísico Minero Metalúrgico (Ingemmet). Sin embargo el Estado ha cerrado casi todas las puertas a esta posibilidad. Por ejemplo, antes de la administración de Ollanta Humala, al productor minero artesanal (PMA), que explotaba hasta 1,000 hectáreas se le exigía pagar US$ O.50 por hectárea que se denunciaba ante el Ingemmet. El pequeño productor minero (PPM), que trabajaba hasta 2,000 hectáreas, tenía que pagar US$ 1.00 por hectárea. Sin embargo con la administración nacionalista los pagos por denuncios para la pequeña minería se elevaron hasta US$ 3.00 por hectárea, al igual que los pagos demandados a la gran minería.

¿Qué significan este tipo de decisiones? Que en el Estado no se comprende el fenómeno de la minería artesanal; porque algunos creen que los pequeños productores pueden ser excluidos con decretos, leyes e interdicciones, y que solo la gran minería debería existir en el Perú. ¡Tremendo error! La única manera de que el Perú desarrolle su potencial minero y se relancen proyectos como Conga y Tía María, por ejemplo, pasa por alejar a las propuestas antisistema del favor de las comunidades y las poblaciones. Y en ese camino, una estrategia de formalización del minero artesanal resulta de vida o muerte.

Lo terrible de toda esta situación es que los más de 400,000 mineros artesanales representan una fuerza promercado, proempresarial, un aliado natural de la gran minería y de las inversiones en recursos naturales. Sin embargo la miopía estatal puede arrojarlos a la influencia de las propuestas antisistema, el camino seguro para detener a la minería en el Perú.