El cobre y el desarrollo del Perú

El cobre es un bien sumamente útil para la humanidad. Sin embargo, no es un bien de primer orden; es decir, un bien que sirva directamente a las necesidades del individuo. No es un tubérculo como la papa, un teléfono celular o un automóvil, cuya presencia física se devela antes nuestros ojos cuando requerimos satisfacer alguna necesidad inmediata. Sin embargo, ninguno de estos bienes existiría sin la participación del cobre. El cobre es un bien que sirve para fabricar otros bienes: es el segundo mejor conductor de la electricidad y el tercer metal más utilizado en el mundo, después del hierro y el aluminio. 

¿Será por esta condición, de estar lejos de los intereses inmediatos del individuo, que para el común de la gente la suerte del mineral es un tema secundario? ¿A cuántos les interesa si su precio sube o baja? ¿Si se inicia o paraliza un proyecto? Desde el hombre común hasta el político mismo actúan de espaldas a una realidad cuyo enfrentamiento habría llevado al Perú, desde hace décadas, a niveles superlativos de desarrollo, como Chile o Australia. En definitiva, el cobre es un producto que pertenece al mundo de lo que el economista Henry Hazlitt denominó “lo que no se ve”. Solo así se entiende la indolencia que ha acompañado la historia de desarrollo de este bien.

En 2017 —y gracias al desarrollo de proyectos como Las Bambas, que se inició en noviembre de 2015— la producción de cobre en el Perú subió a niveles sin precedentes (2.5 millones de toneladas métrica finas). Nunca antes el Perú produjo tanto cobre, consolidándose como el segundo productor mundial después de Chile y por encima de China. Las exportaciones peruanas de cobre en 2017 superaron los US$ 13,700 millones, valor 36% mayor al registrado en 2016, como resultado de un incremento conjunto del volumen exportado (7.2%) y de la cotización del mineral (27%). Las exportaciones de cobre representaron el 31% de las exportaciones totales del país, que superaron los US$ 44,000 millones.

El asunto es que todos estos proyectos que explican actualmente el crecimiento de la producción de cobre en el Perú, y muchos otros que aún permanecen en cartera, pudieron haberse desarrollado hace muchas décadas, cuando el Estado peruano, al más puro estilo chavista, revirtió para sí las concesiones privadas de los proyectos mineros más importantes. En los setentas, el Gobierno militar expropió a la Cerro de Pasco Mining Company sus operaciones en las regiones de Pasco, Junín, Huancavelica. También estatizó la Marcona Mining Company. Con estas operaciones se conformaron las empresas estatales Centromin Perú y Hierro Perú.

Asimismo el proyecto Michiquillay, subastado recientemente por el Estado peruano en febrero de 2018, fue retirado en 1970 a la empresa American Smelting and Refining Company (ASARCO). Esta empresa había iniciado exploraciones con perforaciones diamantinas. El proyecto fue descubierto en 1957. Igualmente, concesiones como Tintaya, Ferrobamba, Chalcobamba y Antamina le fueron retirados a la Cerro de Pasco Mining Company. El proyecto Quellaveco (Moquegua) fue retirado a Southern Perú Copper Corporation. Este proyecto recién entraría a producir a partir del año 2022.

No es llorar sobre leche derramada, es simplemente tomar conciencia del tiempo perdido. Tiempo que para los más pobres de este país ha significado simplemente el ostracismo. La historia económica sirve para aprender del pasado y no cometer los mismos errores. Errores que en gran medida seguimos cometiendo cuando desde el Estado se aplican regulaciones innecesarias, que dilatan los procesos de inicio de los proyectos. Cuando desde el Estado se inician proyectos de diversificación productiva que dilapidan recursos e intentan seguir líneas que de alguna manera la naturaleza económica cuestiona. Cuando desde la sociedad civil nos oponemos al inicio de un proyecto cuyo desarrollo generaría miles de puestos de trabajo directos e indirectos.