Ejecutivo y Legislativo bloquean obra pública

La ampliación de la vigencia del Decreto de Urgencia N° 003 —que fracasó en su intento de garantizar la reparación civil de las empresas constructoras bajo investigación fiscal y la continuidad de la obra pública al mismo tiempo— vence el próximo 13 de marzo y hasta hoy no se vislumbra un acuerdo Ejecutivo - Legislativo que permita superar los nubarrones sobre el sector construcción.

Cuando se habla de los problemas del sector construcción, en realidad, estamos hablando de los problemas de la economía. En el sistema bancario ya no se otorgan cartas fianzas a constructoras investigadas. Diversos economistas han informado que la paralización de las diez empresas más grandes de la construcción significaría perder más de 50,000 empleos, y que la ruptura de la cadena de pagos quebraría a decenas de proveedoras. Alrededor del 35% del patrimonio de los bancos está comprometido en créditos a las constructoras y la quiebra del sector desataría un efecto dominó. En el Ministerio de Economía se ha informado que se tienen programados más de S/ 30,000 millones (alrededor 4% del PBI) a través de asociaciones público privadas y obras por impuestos.

El tema de la construcción, pues, es el tema de la economía en general. Por eso nadie entiende el hecho de que entre el Ejecutivo y el Legislativo no exista humo al respecto. El Ejecutivo envió al Ejecutivo un proyecto sobre el tema porque es evidente que un decreto de urgencia no basta: el mercado necesita la seguridad jurídica de una ley aprobada en el Legislativo.

Sin embargo en el Congreso se ha devuelto el predictamen a las comisiones, y todo indica que habrá postergaciones. La manera como se enfrenta el problema solo revela que la judicialización y la guerra política que afectan a los políticos está bloqueando la economía y la inversión.

Por ejemplo, tanto la propuesta del Ejecutivo y las más de 60 modificaciones del Congreso a la iniciativa —que busca reemplazar el D.U. N° 003— ignoran el principio de presunción de inocencia, establecido en nuestra Carta Política, y aceptan el criterio de la supuesta existencia de un “club de la construcción”, establecido en una investigación preliminar de la fiscalía en base a la declaraciones de un colaborador eficaz vinculado a Odebrecht. ¿Ahora las investigaciones preliminares son la base de la legislación? Nadie lo entiende.

Las modificaciones planteadas por el Ejecutivo son en extremo reglamentaristas y solo parece interesar el pago de la reparación civil, en tanto se relativiza la inversión, el mantenimiento de los empleos y la cadena de pagos. Por ejemplo, en la reciente ampliación de vigencia del D. U. N° 003 se establece que las empresas se acogerán voluntariamente a la normatividad, sin embargo, ¿acaso el Estado contratará con una compañía si esta no se somete a la legislación que parte del supuesto de “un club de la construcción”? Igualmente, en los contratos de obras públicas, el Estado retiene hasta el 10% de la inversión. Considerando que usualmente la utilidad de las constructoras oscila entre 10% y 13%, ¿qué compañía se interesará en trabajar a pérdida? Como se aprecia, el Ejecutivo y el Legislativo parecen haberse convertidos en secretarios de los fiscales, y no les interesa la inversión ni el empleo.

Si los poderes del Estado también están preocupados por el crecimiento y el proceso de reducción de pobreza, entonces se debería aprobar una legislación simple que garantice la reparación civil y la continuidad de la obra pública hasta que terminen los procesos (judiciales) que establecerán la reparación civil. Por ejemplo, se debería prohibir que las empresas envíen remesas al exterior, constituir un fideicomiso de garantía, prohibir el reparto de utilidades y dividendos, obligar a revelar información a las autoridades encargadas y facilitar la colaboración eficaz, entre otras medidas.

Algunos creen que se puede relativizar el crecimiento. Por si no lo saben, las propuestas antisistema necesitan que la economía se ralentice para hacer pasar su mensaje en contra de la inversión privada y el mercado.