¡Cuidado con la discrecionalidad de SUNAT!

En este portal hemos sostenido hasta la saciedad que la política de formalización minera fracasa en el Perú porque durante las administraciones de PPK y la actual del presidente Vizcarra no se ha modificado la legislación que aprobó el gobierno nacionalista de Humala. La señalada normatividad establece, por ejemplo, que los pequeños mineros deben presentar las declaraciones juradas anuales de los últimos cinco años, los contratos de explotación del yacimiento, el cálculo de las reservas probadas, los libros contables y otros requisitos que se demandan a la gran minería. No se necesita ser demasiado sagaz para entender que los más de 400,000 mineros artesanales nunca podrán presentar estos documentos porque, precisamente, son informales.

En medio del fracaso de la formalización, que solo ha incorporado a 113 pequeños mineros a la legalidad, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (0EFA) del Ministerio del Ambiente solo priorizan las multas, sanciones, embargos y pérdidas de dominio en contra de los pequeños mineros. Es evidente que, en este contexto, resulta imposible imaginar una política formalizadora.

Durante el gobierno nacionalista se desarrolló una investigación sobre aportes de la pequeña minería a la campaña nacionalista del 2011. Ante las indagaciones, los pequeños mineros colaboraron con las autoridades e, incluso, se mostraron recibos firmados por un congresista nacionalista. Debido a esa actitud, según diversas versiones, por orden directa de Nadine Heredia se desarrollaron estas políticas contra el pequeño minero. Y lo más grave: la Sunat redobló sus fiscalizaciones en contra de la pequeña minería hasta exceder sus funciones. Por ejemplo, eso es lo que parece haber sucedido con minera Laytaruma S.A.

En el 2014, de dos fiscalizaciones regulares, la Sunat acumuló ocho fiscalizaciones en contra de Laytaruma. Lo usual que es una indagación se produzca luego de haberse culminado la anterior, pero en este caso todas se acumularon. De pronto esta pequeña empresa se había convertido en el principal objetivo de la entidad recaudadora. La prueba de esta afirmación es que la Sunat entregó al Congreso una lista de las fiscalizaciones realizadas entre el 2002-2016 y he aquí lo sorprendente: Laytaruma tiene más fiscalizaciones que Odebrecht. Pero eso no es todo. La Sunat retuvo cerca de S/ 2.6 millones de la mencionada empresa por supuestas compensaciones sin que existiera causal. El dinero fue devuelto siete meses después. Se entenderá que semejante retención desata una crisis de tal magnitud que puede determinar la quiebra de una pequeña empresa.

Todo parece indicar, pues, que durante el nacionalismo se perpetró una venganza política en contra de las pequeñas empresas mineras. ¿Qué significa algo así? Es evidente que la discrecionalidad que tiene la Sunat para efectuar sus fiscalizaciones merece una reflexión, sobre todo considerando las malas experiencias en los noventa.

Nadie puede estar en contra de que el ente recaudador tenga niveles de discrecionalidad en sus funciones. Es una necesidad. Pero durante el fujimorato de los noventa, el montesinismo organizó el sistema del “RUC sensible” que llevó la discrecionalidad de la Sunat a tal nivel que el régimen utilizó este sistema para perseguir sus rivales políticos. De allí que luego de esa experiencia se estableció que la Sunat elaborará un Plan Nacional de Fiscalizaciones que consideraba la lista de empresas a fiscalizar y el tiempo de las mismas. Sin embargo cuando se acumularon 8 fiscalizaciones contra Laytaruma esta empresa nunca estuvo en el mencionado plan. La discrecionalidad, pues, fue más que discrecionalidad.

Todos estos hechos deberían servir para reflexionar sobre cómo modificar la política de formalización minera y el papel de la Sunat, y la necesidad de reducir los niveles de discrecionalidad. Y el ente recaudador debería asumir sus responsabilidades en este tipo de extrañas fiscalizaciones.