Apuntes sobre la minería informal

Propuesta de derogar decretos genera polémica

Keiko Fujimori anunció que derogaría los decretos legislativos 1100 y 1105 que establecen los procedimientos para formalizar a los mineros informales, y se desató un interesante debate. Antes debe señalarse que nadie puede estar de acuerdo con la minería ilegal; es decir, la minería aluvional que se realiza en parques nacionales y en riberas de los ríos destruyendo el medio ambiente. El caso de la minería ilegal de Madre Dios, por ejemplo, merece todas las condenas.

Sin embargo la facilidad con que el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, defiende los dos decretos que en los últimos dos años solo han formalizado a 207 mineros informales forma parte de las reacciones del Perú oficial que no entiende las causas de la informalidad. Reacciones que, de una u otra manera, explican que en las últimas tres elecciones nacionales hayan colisionado dos países.

Precisando nuevamente. La condena a la minería ilegal es el punto partida de cualquier reflexión que se pretenda seria. En una de las últimas entrevistas que concedió don Alberto Benavides de la Quintana, el fundador de la minería moderna, señaló que los mineros informales sumaban alrededor de 400,000 personas y que, directa o indirectamente, más de un millón de peruanos dependían de esta actividad. Agregó que en cuanto a producción de cobre y oro el sector informal movía 2,000 millones de dólares. ¿Se puede abordar semejante problema con los criterios de Pulgar Vidal, que solo se reducen a “aplicar la ley” y a negar la naturaleza económica y social del problema? De ninguna manera.

El minero informal de socavón, sobre todo de la sierra y de la costa, generalmente, es el agricultor dueño de la superficie debajo de la cual están los yacimientos de minerales que, según la Carta Política, le pertenecen al Estado y que se explotan mediante concesiones. El agricultor observa cómo las grandes inversiones mineras desencadenan prosperidad y desarrollo, cómo el Estado se llena los bolsillos cobrando impuestos a las compañías, pero no ve la obra ni siente el beneficio. El fracaso del Estado es total. Ante el abandono estatal el agricultor tiene dos opciones: o se pliega al discurso antiminero de Marco Arana y de la ONG Grufides o decide convertirse en minero informal y cava un hueco para iniciar su aventura empresarial.

Si contemplamos al minero informal tratando de entender la naturaleza económica de su actividad, entonces veremos a un ciudadano que pretende prosperar mediante el “capitalismo popular” y que puede convertirse en aliado y hermano de las grandes inversiones mineras del país, vitales para seguir creciendo a tasas altas que nos permitan seguir reduciendo la pobreza. Pero si contemplamos a los mineros informales con el prisma de la ley de Pulgar Vidal solo observaremos “delincuentes y trasgresores de la ley” que no merecen más que la represión y la acción policial.

El camino de Pulgar Vidal, de una u otra manera, significa cerrar los ojos ante un masivo y poderoso sector social que puede convertirse en la base social de una prédica antisistema. También implica persistir en el piloto automático que nos lleva a creer que la economía de mercado y las inversiones pueden prosperar sin la construcción de un Estado nacional, al margen de un nuevo contrato social inclusivo. Siempre lo repetiremos: las revoluciones anticapitalistas y las fuerzas antisistema no surgen del territorio de los menesterosos, sino de los capitalistas y los pequeños propietarios a quienes se les cancela la posibilidad de prosperar.

No solo se trata del fracaso de la formalización, también del fracaso de la preservación del medio ambiente. Ahora bien, falta ver si el fujimorismo hace un amague populista para recolectar votos en el sector de mineros informales o si existe una propuesta integral de formalización e inclusión social.