¡Antimineros no descansan en su campaña contra el Perú!

La inversión de US$1,300 millones para la ampliación de la mina Toromocho (Junín) es una buena señal para la economía nacional. El proyecto creará 3,500 nuevos puestos de trabajo directo y cada uno de ellos posibilitará seis puestos de trabajo indirecto. Del mismo modo, la compañía minera Antamina (Áncash) anuncia para este año un incremento de su producción de 3% y 5% respecto al año anterior. De acuerdo al Ministerio de Energía y Minas (MEM), la minera alcanzó 439,248 Toneladas Métricas Finas (TMF) de cobre en 2017. Por otro lado, la mina Constancia (Cusco) destinará US$ 11 millones para la ejecución de obras menores que ayudarán a incrementar su producción de cobre y molibdeno después de que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) correspondiente sea aprobado por las autoridades.

Es así como la minería sigue siendo el primer sector exportador peruano. De acuerdo al MEM, en 2017 se exportó cobre por US$ 13,773 millones, que equivale a 2.6 millones de TMF. De acuerdo a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), en 2017 el sector minero exportó en total US$ 26,854 millones, lo que representa un incremento del 24.9% respecto al 2016.

Contra todos esos esfuerzos y logros, el extremismo antiminero no descansa. En los distritos de Velille, Chamaca y Livitaca (Cusco), los autodenominados dirigentes comunales están organizando bases de supuestos mineros artesanales con la finalidad de invadir las propiedades de las compañías mineras que operan en el lugar. Con esta estrategia intentan crear conflictos y enfrentar a la población.

Y para expandir la idea antiminera, la ONG Cooperacción ha organizado en Cusco y Abancay una serie de jornadas de capacitación en comunicaciones “en el contexto del Corredor Minero”, dirigidas a personas vinculadas a las organizaciones sociales y a líderes comunales de Cusco, Apurímac y Puno. El “contexto” al que se refiere Cooperacción no es otro que el relato tendencioso sobre la supuesta contaminación provocada por las actividades mineras. Las “capacitaciones” son, en buen cristiano, adoctrinamientos en mitos y leyendas que deberán aprender los participantes para repetirlos en sus comunidades. Supuestas violaciones de los derechos humanos y ambientales, y desprotección del Estado frente a los perjuicios de las operaciones mineras son los temas predilectos del encuentro antiminero.

“El rol de los comunicadores en la cobertura de conflictos socio económicos” es otra de las ponencias favoritas, que enseña a los asistentes cómo informar distorsionando la verdad de los acontecimientos desde el punto de vista antiminero y extremista. ¡Qué van a enseñar, si en Perú la legislación medioambiental cumple en exceso los estándares ambientales internacionales, haciendo de la minería peruana moderna y responsable una de las mejores del planeta!

Asimismo, en Espinar (Cusco) se ha desarrollado el taller denominado “Propuesta para el desarrollo de una política de salud ambiental y humana para la atención de poblaciones afectadas por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas”. El objetivo es el mismo de siempre: vincular la contaminación natural de las áreas mineras y volcánicas de los Andes a las actividades mineras. O en todo caso, magnificar los supuestos daños ocasionados. El círculo antiminero ha organizado una Plataforma de Pueblos Afectados que intenta, por todos los medios, internacionalizar sus relatos llenos de imprecisiones con el apoyo de, por ejemplo, la ONG Amnistía Internacional y el seguimiento de las recomendaciones del informe Estado Tóxico.

Mientras las proyecciones mineras (12 proyectos que suman US$ 14,021 millones y que se iniciarían en lo que resta del 2018), llenan de optimismo a la mayoría de peruanos, pequeños grupos de activistas bien organizados y financiados —y vinculados entre sí— le han puesto el ojo al Corredor Minero del Sur porque allí se desarrolla el 60% de la minería de cobre del país. Así como paralizó el proyecto Conga (Cajamarca) y amenazan con desatar violentas paralizaciones si se otorga la licencia de construcción al proyecto Tía María (Arequipa), también el activismo antiminero quiere detener las actividades mineras en el sur y en todo el país.