Agua potable: ¿Cuándo atendemos a los más pobres?

De acuerdo al Plan Nacional de Infraestructura 2016-2025, Un plan para salir de la pobreza, publicado por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (Afin), la brecha en infraestructura en agua y saneamiento para el mencionado periodo es de US$ 12,252 millones. Casos como el sistema de alcantarillado en Iquitos (Loreto), que hasta ahora no ha sido culminado por deficiencias técnicas y falta de presupuesto, o el de Huancayo, cuyo abastecimiento de agua (de dudosa potabilidad) es restringido, son solo dos ejemplos que muestran la gravedad de esa brecha.

Otro hecho a considerar para el análisis del déficit en agua y saneamiento tiene que ver con que el Congreso de la República ha modificado el Decreto Legislativo N° 1280, que buscaba promover la inversión privada y modernizar la gestión las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS). De acuerdo a la Ley N° 30672 las asociaciones público privadas solo podrán invertir en proyectos de tratamiento de aguas residuales y no en proyectos vinculados a la construcción de plantas y redes de agua potables. Tal restricción a la inversión privada no tiene sentido sabiendo que la brecha en agua potable, calculada por Afin, es de US$ 2,629 para el periodo 2016-2025.

El estatismo en agua potable y saneamiento no paga y castiga a los consumidores. De acuerdo a la asociación Contribuyentes por Respeto, de las cincuenta Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) que existen en el Perú, el 51% no trata de ninguna forma las aguas residuales y el 54% deja de facturar más del 40% del agua distribuida. Asimismo, el rendimiento promedio de las EPS en los últimos años es de -0.3%. Las cifras y la realidad concuerdan en la situación terrible por la falta de inversiones y el manejo irresponsable en cada EPS, convertidas por los gobiernos locales en caja chica y proveedoras de puestos públicos para devolver favores políticos.

Las EPS se caracterizan por su ineficiencia, por una recurrente falta de gestión administrando la calidad del agua potable, la discontinuidad del servicio y la ausencia de tratamiento de aguas residuales que, finalmente, terminan contaminando los ríos, lagos, lagunas y en el mar. Las EPS se defienden alegando el atraso de las tarifas, la alta morosidad de las cobranzas y la falta de inversiones. Es evidente, entonces, que la solución pasa por recurrir a las inversiones público privadas.

Para el periodo 2015-2020, Afin ha confeccionado un listado de quince proyectos relacionados con la construcción de nuevos reservorios, ampliación de sistemas de coberturas, redes secundarias y primarias, plantas de tratamiento de aguas residuales y estudios de vulnerabilidad climática, entre otros proyectos. Obras para las regiones Tacna, Puno, Pasco, Junín, Arequipa, Apurímac, Áncash, Amazonas y Lima, por un monto estimado de US$ 5,653 millones.

Frente a la ausencia del Estado, que no cubre la brecha existente en el mediano plazo, la empresa privada acude en auxilio de la población carente de agua. En Arequipa, por ejemplo, la compañía minera Cerro Verde construyó la planta de tratamiento La Enlozada para procesar el 83% de las aguas servidas de la ciudad y para descontaminar las aguas del río Chili. Vale decir, que solo el 1% de esas aguas recuperadas es utilizado por la minera y el 99% beneficia a la población y al agro.

Según el Instituto de Estadística e Informática (INEI), en el 2016, el 67.1% de la población (21.13 millones de pobladores) consume agua mediante la red pública, el 19.0% (5.98 millones de pobladores) consume agua no potable de la red pública y el 13.9% (4.38 millones de pobladores) consume agua de diversas formas de abastecimiento. Es decir, el 32.9% de la población, un aproximado de 10.36 millones de personas, no consume agua potable.

La situación del agua y servicios de saneamiento debe revertirse con la participación de la inversión privada. La modificación al Decreto Legislativo N° 1280 lo único que hace es ir en contra de los más pobres. El país necesita con urgencia plantas de tratamiento de agua potable y aguas servidas, con sus respectivas redes de distribución y recolección.