Acierto de Vizcarra con ley laboral en agro

Dentro del pedido de facultades solicitadas al Congreso de la República por el jefe del Gabinete, César Villanueva, se encuentra una relacionada con la Ley de Promoción Agraria, Ley N° 27630, promulgada en el 2000. Uno de los pedidos es la extensión de la mencionada ley por 21 años más, y otro es que ese mismo régimen laboral sea válido también para el sector forestal y para las actividades relacionadas con la acuicultura (reproducción de peces, moluscos y algas).

Esta solicitud para legislar pondría en modo de reformas a la gestión de Martín Vizcarra. Si bien en el Gobierno dio señales de no intentar realizar una reforma laboral que flexibilice los contratos de trabajo, el pedido que hace ahora el premier al Congreso es un gran paso que puede servir para seguir extendiendo, más adelante, la Ley a otros sectores productivos del país.

La Ley de Promoción Agraria es importante no solo porque le agrega a la industria agropecuaria productividad y competitividad, sino que además permite arrinconar a la pobreza y al desempleo, y con ellos a la anemia y a la desnutrición infantil, que se encuentran en niveles peligrosos. Sobre los beneficios laborales, la Ley claramente establece que los trabajadores del sector agrario ganarán un jornal diario que incluye beneficios tales como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, vacaciones remuneradas por quince días, indemnizaciones por despido arbitrario, aportes al seguro (equivalente al 4% de la remuneración mensual), derecho a sindicalizarse y jornadas de ocho horas diarias y 48 horas a la semana. No hay manera de sostener que la Ley es explotadora y abusiva, como pretenden etiquetarla las izquierdas del país. Asimismo, la Ley otorga beneficios tributarios y laborales a las empresas dedicadas a las actividades agroindustriales y avícolas. Permite que las actividades agrícolas paguen el 15% por la renta anual y la recuperación del Impuesto General a las Ventas de manera anticipada.

La prórroga de la Ley N° 27630 no puede seguir estando encarpetada en el Congreso, y tampoco se puede aceptar los distintos proyectos de modificación que apuntan a derogarla. Proyectos fuera de la realidad y sin sustento técnico, como acostumbran a redactar los sectores antimercado, populistas y demagogos del parlamento.

Existen en el país indicadores de distintas instituciones públicas y privadas que han demostrado la eficacia de la Ley. Por ejemplo, un reporte de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) sobre exportaciones definitivas señala que en 2004 las exportaciones agropecuarias fueron de US$ 800.42 millones y en 2016 de US$ 4,700 millones. Casi 490% de variación positiva. El milagro de la palta, uva, espárragos, mandarinas y diversa frutas y vegetales, ahora en los principales mercados del mundo, es gracias a la Ley de Promoción Agraria.

La incidencia de la Ley en la pobreza es incuestionable. Un reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre el Producto Bruto Interno (PBI) de los departamentos según actividades económicas en el periodo 2007-2016, revela un crecimiento nacional de casi 36% en el sector agropecuario. Es decir, de una producción de S/ 19.07 millones en 2007 se pasó a producir un monto de S/ 25.92 millones en 2016, siendo los departamentos de Ica, Piura, La Libertad y Lambayeque los más competitivos. Departamentos de la costa que, según otros indicadores, confirman el retroceso de la pobreza. Lugares donde, además el desempleo está desapareciendo, y donde los trabajadores no reclaman una remuneración mínima vital porque sus ingresos son mayores.

Bien ha hecho entonces el Gobierno al solicitar facultades para extender la Ley de Promoción Agraria, que le ha dado al país un gran respiro en materia económica y social desde el 2000. Y quienes se oponen a ella, en nombre de los trabajadores y de los pobres, no hacen otra cosa que incentivar el desempleo y la pobreza.