¡A relanzar la inversión en infraestructuras!

El país necesita recuperar el impulso del crecimiento

Aumentar en 3.8% el PBI —tal como proyecta el Ministerio de Economía (MEF)— comienza a convertirse en una larga y tortuosa batalla que los peruanos tenemos que ganar si queremos seguir reduciendo pobreza en el 2017. Crecer menos de esa proyección significa poner en modo de pausa la reducción de pobreza o, en el peor de los casos, volver a incrementar este flagelo social.

El motivo de semejante situación: las denuncias vinculadas a la corrupción del caso Lava Jato han paralizado a casi la mitad de los US$ 18,000 millones que el gobierno se había propuesto destrabar en obras de infraestructura, en medio de una caída de la inversión privada y pública en los últimos tres años. La inversión privada no parece recuperarse y la pública se desplomó en más de 20% en febrero, debido al retraso de pagos comprometidos en la Línea 1 y 2 del metro y Chavimochic III. Sin estos retrasos la inversión pública se habría expandido.

Ante esta situación, el MEF se ha decidido por inyectar S/. 5,500 millones al gasto público, invertir S/. 1,100 millones en el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local, expandir los programas de Vivienda (a través de Techo Propio) y subsidiar el pago de Essalud a las empresas que contraten a jóvenes, entre otras medidas. Si bien el aumento del gasto fiscal para reactivar siempre genera interrogantes, a estas alturas parece una medida razonable habida cuenta de que la inversión privada sigue en contracción.

Sin embargo, para salvar la proyección del crecimiento se necesita que el Gobierno recupere la coherencia. Un ejemplo que grafica la situación: la caída de la inversión pública de febrero se debe a que se interrumpió la cadena de pagos en proyectos comprometidos por el caso Lava Jato. Se sabe que hay muchas empresas que estarían interesadas en comprar los activos de las compañías cuestionadas, pero no lo hacen porque los procuradores del Estado no se atreven a plantear una salida a la situación, con la respectiva indemnización para el Estado. Si las cosas están planteadas así es evidente que las indemnizaciones se establecerán con los fallos de la Corte Suprema en el 2021 o quizá en más tiempo. El resultado de esta irracionalidad: nadie comprará los activos y se seguirá torpedeando el crecimiento.

En este contexto, vale preguntarse, ¿cuál es la responsabilidad de la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, en organizar una solución a esta situación? ¿Está en condiciones de hacerlo cuando ya hemos comprobado el nivel de los procuradores que se nombraron bajo su despacho, la mayoría militante de la izquierda jurídica? ¿No deberían la Fiscalía y el Poder Judicial también participar de estas reflexiones? A estas cosas nos referimos cuando señalamos que el Gobierno debe recuperar la coherencia política.

Vale recordar que el 80% del total invertido en el país es aporte privado. Y también señalar que la inversión privada tiene en los rubros de infraestructuras y minería a sus principales componentes. De allí la enorme importancia de insistir en que se relance la inversión en infraestructuras. Proinversión tiene una cartera de proyectos de US$ 4,000 millones en infraestructuras para el 2017. Es de vida o muerte para el crecimiento, entonces, que se cumpla el objetivo.

Pero al mismo tiempo que se relanzan inversiones se debe avanzar en la reforma del sistema de Asociaciones Público Privadas (APP) para evitar los escándalos de corrupción que amenazan con frenar el crecimiento.

En primer lugar, es incuestionable que el Estado debe contar con un Plan Nacional de Infraestructuras que defina objetivos, prioridades y una línea de tiempo. El plan elaborado por la Asociación de Fomento para la Infraestructura Nacional (AFIN) puede servir de referencia. Un Estado con un plan evita todo tipo de interferencias, incluso la de los propios jefes de Estado. En segundo lugar, sobre la base de este plan, se necesita seleccionar adecuadamente los proyectos. En tercer lugar, se debe profundizar los estudios de los proyectos de APP y acercarlos a los Estudios Definitivos de Ingeniería (IDE), para evitar propuestas temerarias. En cuarto lugar, avanzar al menos en un 50% con las expropiaciones o liberaciones de predios, sobre todo en las obras lineales. Y, en quinto lugar, otorgar todos los permisos del Estado antes de la obra.

Si se avanza en una reforma de las APP con este espíritu, ¿acaso no se habría reducido el espacio de las “adendas” que triplican los precios de la inversión? ¿Acaso no se habría maniatado a la corrupción? Es hora de entender que necesitamos recuperar el impulso del crecimiento de la economía, y la única manera es enfrentando los problemas reales. Algunos quieren convertir el país en un gran tribunal en el que todos olvidemos que necesitamos crecer, reducir pobreza, afirmar las instituciones, quizá con el objetivo de que el Perú se desorganice y el 2021 sea la hora de la aventura y el estatismo.