¡Yo acuso!

Las desproporcionadas condenas de Álex Kouri y Silvana Bucaglia

Sentenciaron a Álex Kouri a cinco años de prisión efectiva por un fraude millonario. Se le condena por haber favorecido a Convial por 32 millones de dólares en la construcción de la vía expresa del Callao. Doce años de juicio. A la ciudadana Silvana Buscaglia se le condena en un “sumario” por flagrancia, luego de haberse exaltado y faltado a un policía en el Aeropuerto. Entre manotazos a la gorra del agente y adjetivos inapropiados, fue llevada tras las rejas con una sentencia que la priva de su libertad por seis años y ocho meses ¿Observan la diferencia? No es el objeto incrementar la pena de alguno, pero sí de poner en el ojo público la exagerada sanción a una ciudadana que, fuera de sí, faltó a la autoridad.

No voy a ocupar el lugar del escritor francés Emile Zola en su causa a favor del oficial Dreyfus, condenado injustamente de traición a la patria en la Isla del Diablo, más por racismo y presión popular que por pruebas objetivas. El artículo “Yo acuso”, escrito por Zola, fue determinante para liberar a Dreyfus. La indignación del título responde al desequilibrio de la Justicia. Desde luego, las malas sentencias son —muchas veces, como en el caso de Buscaglia— el resultado de una mala legislación. Un funcionario que se corrompe (aún con montos millonarios y daños patrimoniales al Estado) puede tener mayor beneficio que una ciudadana cuyos nervios la traicionan, cuyas emociones se superponen en un pestañeo a la razón y cuya culpa es un episodio más que una premeditación. Si esa es la Justicia peruana, entonces ¡Yo acuso!

No es el propósito de este artículo sumarse al martirio de un condenado como Kouri, la condena puede ser válida en sustancia (no es la discusión). Pero tras más de medio año en la sombra de un penal en Chorrillos, la ciudadana Buscaglia ya pagó su error. Indebida, insolente y digna de castigo, los siete meses por “lapear” la gorra de un policía e “irse de boca” fueron suficientes, tantos como para merecer el indulto presidencial. El presidente Humala puede, en uno de sus últimos actos, ejercer la justicia con un acto de perdón que, desde luego, lleva implícito el propósito de enmienda de la responsable. A la mayoría fujimorista en el Congreso le tocará revisar las leyes penales, esas que pueden romperle el espinazo a un “faltoso” y ser más benevolentes con un funcionario corrupto que le debe al Estado en mucha mayor proporción.

La Justicia no la hacen las masas ni las redes sociales, ni es correcta por la antipatía y la exigencia de rigor extremo del público, que le baja el dedo al condenado. La justicia la hacen los jueces y la hace, en ocasiones, el presidente, cuando por humanidad o criterio indulta a un condenado. Dejarse llevar por la opinión mayoritaria (quizás pocos sepan que “el Monstruo de Armendáriz” fue fusilado en inocencia, con el aplauso de la masa y de la prensa) es restarle independencia al Poder Judicial. Un análisis comparativo nos induce a asumir que la Justicia, en este supuesto, es discriminatoria. Ya dada la condena, solo el Presidente de la República, en gesto de racionalidad y magnanimidad tiene la palabra. La tarea pendiente es reformar la ley penal, y que en este tipo de casos se imponga el trabajo comunitario como castigo, mas no una pena equiparable a la de un asaltante o un delincuente de prontuario sin retorno.

Era necesario llamar la atención del lector y del gobernante. Es casi normal que nos olvidemos fácilmente de los dramas individuales, mientras la rueda de la propia vida gira en trazos felices. Tal vez por esa razón, el apellido Buscaglia no esté más en su vida cotidiana. Revolver la memoria es un artificio de los que creen en la Justicia, como lo es volcar el fuego de las palabras hacia la autoridad que puede alinear lo que está desalineado y darle equilibrio a lo que no la tiene. Un indulto sería justo y oportuno. La pena ya fue suficiente para esa insolencia.

Raúl Mendoza Cánepa