¿Y los que lavaban banderas?

Sobre ciertos silencios estruendosos frente al escándalo de corrupción Belaúnde Lossio

Una de las instituciones más importantes en el esquema del control de la legalidad y la defensa de los intereses del Estado es la procuraduría. Cualquier acto que lesione los intereses del estado debe ser perseguido por la procuraduría. Así, si un objetivo de política pública es expandir la infraestructura hospitalaria y para ello la política de inversión pública persigue que el Estado contrate al mejor precio y calidad, cualquiera que altere dichas políticas, sea construyendo hospitales de mala calidad o arreglando las licitaciones, comete delitos que deben ser perseguidos.

En el actual esquema, algunos procuradores se han terminado convirtiendo en herramientas del gobierno de turno para impedir investigaciones que atentan contra políticas del estado o en herramientas de ataque a políticos opositores tratando de encontrar irregularidad en sus gestiones.

En ninguno de los dos casos los procuradores muestran independencia ni respetan su rol. Y esto es porque en el actual sistema están sometidos a las autoridades de turno, lo que limita su independencia. Considerando los niveles de corrupción que enfrenta el país, la independencia de la procuraduría anticorrupción y la transparencia con la que deben manejarse los procuradores es crucial.

La renuncia de Christian Salas al cargo de procurador anticorrupción ha generado muchas especulaciones, sobre todo considerando que en una declaración reciente se opuso a que el hasta hace poco hombre de confianza de la pareja presidencial, Martín Belaúnde Lossio, se acogiera a la ley de colaboración eficaz. Como sostuvo Ricardo Uceda en La Republica: “A varias fuentes les consta que Palacio de Gobierno está interesado en ayudar indirecta, reservadamente, a Belaunde Lossio.” No olvidemos que no solo participó en la campaña presidencial de Humala en el 2006, sino que además empresas vinculadas a él financiaron extrañas consultorías por las que Nadine recibió grandes cantidades de dinero.

Recordemos que Palacio de Gobierno habría venido financiando al diario La Primera (ahora Diario Uno), de propiedad de Belaunde Lossio, a través de avisaje. Además, se sabe que Blanca Rosales, directora de Comunicaciones de Palacio - encargada de la colocación del avisaje - fue visitada en varias oportunidades por el socio de Belaunde Lossio. Ello, pese a que el gobernador de Madre de Dios habría advertido a la PCM y a Palacio de los supuestos negocios irregulares de Belaunde Lossio.

Pero las gestiones no habrían quedado limitadas a Palacio, Salas habría cuestionado una reunión privada entre el Ministro de Justicia, el fiscal superior Quiroz, el fiscal Huamán (encargado del caso “La Centralita”) y la fiscal Rosario López (Coordinadora de la Unidad de Protección a Testigos).  “¿Qué puede justificar que el fiscal provincial a cargo de un caso penal específico (Huamán) se entreviste con un representante del Poder Ejecutivo?” habría preguntado Salas.

Y parecería que, como resultado de esa reunión, Huamán no habría permitido que la Procuraduría participe de las diligencias de colaboración eficaz, lo que impediría que los procuradores tengan acceso a los testimonios de los colaboradores eficaces.

Pero más allá de este caso, deberíamos preguntarnos ¿Por qué los procuradores anticorrupción duran tan poco? ¿No deberíamos buscar mayor estabilidad en el puesto para lograr efectivamente la independencia de la procuraduría y un correcto seguimiento de los casos de corrupción? Pareciera que hubiera una correlación entre mayor independencia y menor tiempo en el cargo. Parecería también que aquellos que en el 2000 lavaban banderas y hoy recorren los pasillos de Palacio dejaron sus “principios” en la puerta.

Por Ana Luisa Guerrero 

(04 - dic - 2014)