¿Y los niños del Perú?

Sobre el desborde de la delincuencia que amenaza ahora a la infancia

Adolfo Castellano Carrillo, Técnico de la Policía Nacional del Perú, falleció al estallar en sus manos, el lunes, una granada que intentaba desactivar. La granada fue dejada en la puerta del colegio Cristo Salvador, en Villa El Salvador, en pleno horario escolar, mientras los niños asistían a clases. La violencia en el país está llegando a niveles incontrolables. ¿Sabía usted que, la semana anterior, el director de ese Colegio había presentado una denuncia en la Dirincri tras haber sido amenazado por un grupo de delincuentes que le exigió el pago de S/.20 mil para no atentar contra la escuela? ¿Qué hizo la Dirincri después de recibir la denuncia?

El caso del colegio Cristo Salvador no es el primero. El 22 de mayo de este año fue asesinado Sabel Evangelista De Paz, director de la escuela privada María Montessori, en San Juan de Lurigancho. Días antes el director de un colegio en Puente Piedra recibió el siguiente mensaje: "Director: Por lo que vemos, usted lo ha tomado a la broma. (...) Se va a arrepentir toda su perra vida. Y, carajo, no es broma. Y recuerde: No avise a la Policía o perderá a su familia". Uno parecido fue recibido por el director de un colegio en Villa María del Triunfo.

De acuerdo con la Policía Nacional, en Lima y Callao operan 280 bandas de extorsionadores. Y la pregunta que sigue es ¿Qué están haciendo la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial para frenar a estos extorsionadores?

La Democracia requiere, además de elecciones, de la confianza de los ciudadanos en el Estado y de que éste ejerza el control sobre la violencia, garantizando la seguridad y administrando justicia. En el Perú esa condición no existe.

La seguridad y la capacidad de administrar justicia, castigando a los delincuentes para después reinsertarlos en sociedad, es una condición para el desarrollo de todo país.  La violencia doméstica -contra la esposa e hijos-, las pandillas, los robos, los homicidios y las violaciones, hacen del Perú una sociedad violenta. La falta de denuncia y los linchamientos demuestran la poca confianza en el Estado. La campaña iniciada por una ciudadana, “chapa tu choro”, muestra la desesperación en la que están cayendo los ciudadanos, cansados de vivir en la inseguridad y de ver que no existe autoridad alguna que les garantice un cambio.

Los ciudadanos se quejan porque si un “choro” es detenido en plena comisión de un delito y llevado a una comisaría, en menos de 24 horas será liberado porque su crimen es calificado de “menor cuantía”, y las probabilidades son que esa misma noche esté haciendo otro “trabajito”.

La inequidad no se mide sólo por el ingreso económico. El acceso a la justicia, o la falta de ésta es también una señal de inequidad. En San Isidro hay un policía por cada 211 habitantes, en Puente Piedra uno por cada 1,736. En Villa el Salvador existen solo 80 efectivos policiales para resguardar a los 500 mil habitantes del distrito. Esto es uno por cada 6,250 ciudadanos, y de acuerdo con el alcalde muchos de estos policías deben ser compartidos con la municipalidad de San Juan de Miraflores.

La inseguridad ciudadana ha llegado a un punto en el que los niños no están seguros ni siquiera en sus escuelas, y en el que los directores de los colegios arriesgan su vida al ir a trabajar cada día. ¡Inaceptable!

Por: María Cecilia Villegas